Yamiri Rodríguez Madrid
Hace unos días Integralia presentó
su primer reporte de violencia política en el país, en el que señala que
Veracruz es uno de los seis estados en donde hay un muy “alto riesgo” de
violencia política electoral. Conforme a su análisis, las entidades con “mayor
riesgo de intervención del crimen organizado” en las elecciones locales cuentan
con: acumulación de mercados ilícitos, grupos criminales en conflicto armado,
un Estado de derecho débil, celebración de elecciones municipales, y municipios
clave para el crimen, altamente competitivos”.
El 18 de enero la organización Data
Cívica dio a conocer su monitoreo Votar Entre Balas, en el que
destacó que el año pasado se registraron 574 agresiones del crimen organizado a
personas vinculadas a la política y el gobierno y que los estados con más
agresiones registradas (incluyendo asesinatos, atentados, ataques armados,
secuestros, desapariciones y amenazas) fueron Guerrero (91), Guanajuato (64),
Zacatecas (43), Veracruz (42) y Michoacán y Chiapas, con 38 cada uno.
Apenas el 2 de febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE), junto con
autoridades federales, acordaron establecer un protocolo específico para
atender las solicitudes de candidatas, candidatos y partidos políticos,
relacionadas con la seguridad en las entidades, en el marco del Proceso
Electoral 2023-2024.
La consejera presidenta
Guadalupe Taddei Zavala, detalló que, bajo este esquema, las autoridades
brindarán servicios de seguridad y acompañamiento a las y los candidatos que lo
soliciten, asignándolos con base en zonas de riesgo con nivel de incidencia
delictiva alta, media y baja y que será el INE el encargado de hacer una
solicitud formal a la Mesa de Seguridad Interinstitucional, coordinada por la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre eventos que requieran de
servicios de seguridad a nivel federal, como los debates.
El vocal ejecutivo de la Junta Local del
INE, Josué Cervantes Martínez, reveló que, a la fecha, solo un precandidato ha
solicitado seguridad; habrá que ver de aquí a que termine el proceso electoral cuántos
y en dónde también solicitan.
No debemos olvidarnos que,
desafortunadamente en octubre del año pasado, William Monge, ex presidente municipal
de Gutiérrez Zamora fue asesinado; aspiraba a figurar en la boleta el 2 de
junio y, en el proceso del 2021, hubo otros asesinados. Aunado a esto figura en
el radar las declaraciones de la semana pasada de la alcaldesa de Acayucan,
Rosalba Rodríguez, sobre la situación que supuestamente prevalece en el sur de
la entidad. Ojalá que sea un proceso con saldo blanco
@YamiriRodriguez
No hay comentarios:
Publicar un comentario