Tiro de gracia a las guarderías

Por Yamiri Rodríguez Madrid

Además de las víctimas mortales, del cierre de negocios y, por consecuencia, del desempleo que ha provocado el Covid19, la pandemia se está llevando consigo a las guarderías o estancias infantiles.

Hasta el sexenio pasado, estas estancias públicas atendían aproximadamente a 537 mil niños, de acuerdo con los datos de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), aunque no era suficiente.  El Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) calculaba, en 2018, una demanda de 650 mil menores, dado el incremento de la participación de la mujer en las actividades económicas.

A la par, 30 por ciento de éstas atendían a niños con discapacidad, un promedio de 5 mil 500 menores. Desde 2016 se certificó el primer año de pre-escolar para los niños de 3 a 4 años que asistían a guarderías y estancias infantiles públicas, aunado a que muchas mujeres pedían la extensión de horario.

Sin embargo, con el inicio de este nuevo gobierno federal, lejos de reforzarlas para poder atender a más pequeños, se intentó desaparecerlas al proponer que los montos se dieran directamente a las madres y padres de familia y fueran los abuelos quienes se encargaran de su cuidado. Dada la polémica que se suscitó y la ola de amparos que vino detrás del anuncio, siguieron subsistiendo, hasta que llegó la pandemia.

El confinamiento obligado provocó su cierre, pero no hubo un solo estímulo para apoyar a los propietarios de las mismas, por lo que aquí en Veracruz muchas ya no podrán ofrecer sus servicios una vez que cambie el semáforo epidemiológico.  Muchas de estas estancias rentaban las casas donde estaban instaladas; tuvieron que hacer una fuerte inversión, que hoy se fue al drenaje, para poder adaptarlas y hacerlas espacios cien por ciento seguros para los niños, con cristales inastillables, pintura retardante, extinguidores, etcétera.

De las estancias dependen económicamente también muchas familias de personas que ahí laboran, pues por cada determinado número de niños tenía que haber una puericultora, además de maestras, cocineras y demás personal.

Es una pena que el Covid19 le diera el tiro de gracia a este giro. Habrá que ver cuántas sobreviven.

@YamiriRodríguez

Otra vez el Colver

Por Yamiri Rodríguez Madrid

Incertidumbre es lo que impera hoy en la comunidad del Colegio de Veracruz (Colver), luego de que el Congreso Local aprobara, en su pasada sesión del jueves, reformar su ley orgánica, a propuesta del gobernador, a fin de que esté sectorizado a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y que el rector sea el Secretario Técnico de una Junta de Gobierno, con derecho a voz, pero no a voto.

El Colver, inició su historia en julio de 2002, siendo aún gobernador Miguel Alemán Velazco. Su primer director fue Francisco Berlín Valenzuela, doctor en Derecho, personaje respetado a nivel nacional y con una impecable e impresionante trayectoria académica y profesional. Le siguió Ignacio González Rebolledo, ex diputado local y connotado político priista. Vino después el doctor Jesús López González, académico de importante trayectoria, experto en temas de seguridad internacional, formado en el extranjero.  Eugenio Vázquez Muñoz, notario público y quien ocupó el cargo en los últimos años, se despidió este viernes de la rectoría.

Pero, tal y como lo habíamos anunciado meses atrás, Mario Raúl Mijares Sánchez fue nombrado rector de la institución el mismo viernes.  Más allá de sus filias y fobias, sus constantes insultos públicos contra los panistas, está el riesgo de que el Colegio termine convirtiéndose en una simple escuela de cuadros de Morena, con recursos públicos.

Insisto: basta echarle un ojo al Facebook del flamante Rector para constatarlo.   Es lamentable que entre todos los académicos al interior de la institución, con doctorados, miembros casi todos del Sistema Nacional de Investigadores, se escogiera a un fiel militante pues terminará siendo el clavo en el ataúd del Colver.

Por eso hoy preocupa a los que están próximos a titularse, a los que están aún cursando una licenciatura, maestría o doctorado, sí tendrá un giro drástico la manera en que se conduce la institución, dado el carácter reactivo e incendiario de la nueva cabeza. A ver si la “liebre” no le brinca de la chistera al Secretario de Educación, Zenyazen Escobar García y, en unos meses más, se le quiera subir a las barbas al comunicólogo, al considerar que tiene más “perfil académico” que él.  Que conste que se le advirtió.

@YamiriRodriguez

La decadencia del Poder Judicial

Por Yamiri Rodríguez Madrid

Hasta hace algunos años, formar parte del Poder Judicial era un objetivo difícil; llegar a ser magistrado requería una larga trayectoria académica y laboral, pues era en parte un reconocimiento por su labor como abogados. Hoy, como bien dijo alguna vez la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, cualquiera puede llegar a serlo.

La designación de la magistrada presidenta, Sofía Martínez Huerta, en diciembre del año pasado, dio mucho de qué hablar, dado que no tenía las credenciales suficientes para ostentar dicho cargo. Han pasado 8 meses y su trabajo ha sido bastante gris, en parte por su aversión a los medios de comunicación y por sus dudas, ante su falta de carrera judicial.

Ahora que la mayoría de los diputados locales aprobaron el nombramiento de cinco magistradas y un magistrado, los cuestionamientos regresaron porque la historia se repite y hay hasta imposición.

Si bien es digno de aplaudirse que por primera vez haya el número de magistradas que hoy tiene en el Poder Judicial, pues es un hecho histórico, desafortunadamente no todas tienen la trayectoria para estar ahí.

Alma Rosa Flores Ceballos, por ejemplo, sí tiene una carrera judicial, pues fue juez en el distrito de Jalacingo. Ella suple a Gladys Pérez Maldonado, quien se amparó para ser sustituida en el cargo al que llegó en 2010, luego de haber sido nombrada en el fidelismo integrante del Consejo de la Judicatura, por allá del 2006.

Antonio Sobrevilla Castillo fue juez especializado en materia familiar en Orizaba y Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, como jueza, estuvo siempre rodeada de la polémica. En octubre de 2018 fue denunciada por una mujer por supuestos actos de omisión y corrupción en Poza Rica.  Y, hace apenas unas semanas, previo a su nombramiento, giró orden de aprehensión contra los dos empresarios que denunciaron la presunta corrupción de la titular de la Comisión Nacional del Deportes (Conade), Ana Gabriela Guevara.

Itzel Castro Castillo pasó, como un meteoro, de mediadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa a magistrada. María Lilia Viveros Ramírez es académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana e integrante de la Unidad de Género de la máxima casa de estudios de la entidad. La trayectoria académica de la Doctora es impecable; sus líneas de investigación se han enfocado en Poder Judicial, feminicidio y delitos de género, instituciones del Estado o derechos de maternidad y desigualdades laborales entre hombres y mujeres, por citar solo un puñado, pero no tiene una trayectoria judicial.

Y Aileth García Cayetano es quizá quien más ha dado de qué hablar, porque como si casi no hubiese abogadas y abogados en este estado, profesionales de esta área con mucha más experiencia, ha tenido la suerte que otros quisieran.   La ex directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estuvo a nada de ser Fiscal Anticorrupción. La hermana de la diputada federal Dorherny García, quien suspira en ser candidata de Morena a la presidencia municipal de Xalapa, no tiene ni maestría ni doctorado, y su breve currículo judicial se limita a ser oficial administrativa, en 2018, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa.  Analista Jurídico SISE y Oficial Administrativa, de 2016 a 2017 del Juzgado Decimosexto de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; de 2011 a 2016 fue Subdirectora de Área, no especifica de cuál, del Consejo de la Judicatura Federal, siendo su primer trabajo, con un nombramiento temporal de Oficial de Servicios y Mantenimiento, en 2007, en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz.

Se entiende la prisa por remover a los magistrados que traían el sello quemador del PRI como Gladys Pérez Maldonado, Fernando Charleston Salinas y el camaleónico Edel Álvarez Peña, pero sin duda pudieron haber encontrado muchas mejores opciones, que varios de los nombrados, sobre todo de las que también llevan el fierro quemador de Morena.

Todo se resume a quitar a los contrarios para poner a los suyos, aunque no sepan ni pio. Pobre Poder Judicial, en decadencia.

@YamiriRodríguez