Yamiri Rodríguez Madrid
Ernestina
Ascencio fue una indígena veracruzana cuya trágica muerte, hace casi veinte
años, se convirtió en un símbolo de la lucha por la protección de los derechos
humanos en México.
El
27 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio Rosario, originaria de Soledad
Atzompa, fue víctima de una brutal agresión y asesinato a sus 73 años,
presuntamente a manos de elementos del Ejército que operaban en un campamento
cercano. Cuando el caso salió a la luz, las autoridades de aquel entonces —bajo
los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán (PRI) y Felipe Calderón Hinojosa (PAN)—,
alegaron que la causa de su muerte había sido una simple gastritis. Una
afirmación que no solo resultó ofensiva para la memoria de Ernestina, sino
también para su familia y para la inteligencia colectiva de la sociedad.
A
pesar del dolor y la indiferencia oficial, sus hijas nunca abandonaron la lucha
por la justicia, pese a la lentitud con la que avanza el caso de su madre.
Recordemos que, en 2021, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), María Rosario Piedra Ibarra, emitió nuevas recomendaciones
dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía General
del Estado (FGE) y la Secretaría de Salud de Veracruz. Además, la CNDH sugirió
reabrir la investigación, reconociendo que el proceso original estuvo plagado
de irregularidades y omisiones, incluidas fallas dentro de la propia comisión.
Entre
las recomendaciones que la Comisión emitió fue la inscripción de los familiares
de Ernestina en el Registro Estatal de Víctimas y su acceso al Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral de Veracruz. También se propuso la creación de
un memorial en Tetlatzinga, su comunidad natal, como un acto de reconocimiento
a su dignidad y en defensa de sus derechos humanos. A esto se suma la exigencia
de una disculpa pública dirigida a sus hijos y a su comunidad, como parte de
las medidas de reparación.
Sin
embargo, el punto más relevante radicó en la solicitud de abrir investigaciones
contra el personal del Hospital Río Blanco y de la Secretaría de Salud estatal,
debido a su presunta participación en el encubrimiento y la manipulación de
pruebas que habrían confirmado la comisión de delitos contra Ernestina. Pero
poco se hizo en estos cuatro años al respecto.
Ahora,
apenas la semana pasada, en una audiencia pública ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el Estado mexicano reconoció que
se vulneraron sus garantías judiciales y su derecho a la salud, lo que
contribuyó a su muerte en 2007.
Además,
el Estado admitió su responsabilidad internacional en el caso y se comprometió
a continuar investigando todas las posibles líneas y causas que pudieron haber
llevado a este trágico desenlace, incluyendo un enfoque con perspectiva de
género e intercultural, especialmente relevante para la protección de las
comunidades indígenas.
Hoy,
18 años después, el caso “Ascencio Rosario y otra vs. México” sigue esperando
se haga justicia.
@YamiriRodríguez
