Por Yamiri
Rodríguez Madrid
La semana
pasada, en el Congreso Local, con 34 votos a favor, los legisladores locales
veracruzanos dieron su aval para reformar la Constitución Política Federal y
así poder implementar la consulta popular y revocación de mandato.
Según lo
explicado, la revocación de mandato será un instrumento solicitado por la
ciudadanía que determinaría la conclusión anticipada en el desempeño del cargo
a partir de la pérdida de la confianza. Y,
en caso de solicitarse dicho proceso para el mandatario federal electo para el
periodo 2018-2024, el proceso deberá iniciarse durante el mes de noviembre de
2021, presentándose la petición correspondiente los primeros 15 días del mes de
diciembre del mismo año.
De ser
procedente dicha solicitud, será el Instituto Nacional Electoral (INE), quien
emitiría la convocatoria dentro de los 20 días siguientes al vencimiento del
plazo para la presentación de la solicitud, siendo la jornada de votación a los
60 días de expedida o convocatoria. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación será el órgano que daría seguimiento a las impugnaciones, en caso
de presentarse.
Los que votaron
en contra, justifican su decisión en el temor de que, además de que hay otros
temas prioritarios por abordar en los Congresos, es que se pueda convertir en
un instrumento de venganza política, principalmente en los estados que hoy son
gobernados por la oposición, con el conque de que la ciudadanía ha pedido la
revocación de su mandato; o bien, que estos sean también el pretexto preciso
para que las figuras de arrastre aparezcan en las boletas electorales.
Durante meses
hemos sido testigos de una intensa discusión en el plano federal sobre la
procedencia de ambos instrumentos democráticos. En su naturaleza, serían
imprescindibles en cualquier nación, pero con la perversidad política que
existe en nuestro México, sería un arma de dos filas. En vía de mientras
Veracruz ya lo palomeó.
@YamiriRodríguez
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