Yamiri Rodríguez Madrid
Un reciente estudio del Instituto Belisario
Domínguez, del Senado de la República, reveló que entre 2015 y 2022 se
produjeron 27 mil 133 asesinatos de mujeres y niñas en nuestro país, de los
cuales, 6 mil 689 (25%) fueron clasificados como a feminicidios y 20 mil 444
(75%) y que en siete entidades
federativas se concentró 49% de los asesinatos de mujeres, siendo los estados
más peligrosos en ese sentido: el Estado México (14.0%), Guanajuato (7.6%),
Jalisco (6.5%), Michoacán (6.1%), Chihuahua (5.7%), Veracruz (4.6%) y Zacatecas
(4.5%).
El Observatorio Ciudadano del Instituto de
Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), afirmó que Veracruz
ocupa el noveno lugar a nivel nacional con más casos de violencia familiar,
durante todo el año 2022, por lo que se investigan 11 mil 646 casos.
A eso sumemos la pobreza y otros problemas
que se ensañan con las niñas, jóvenes y mujeres de este estado.
Desafortunadamente no hay políticas públicas ni estatales ni municipales, que
estén bien articuladas para incidir en la disminución de estas cifras. Tampoco
hay mucha voluntad que digamos.
Los pocos esfuerzos que hay son aislados y,
casi de inmediato, cuando provienen de la oposición, se desechan con tal de no
concederles nada a sus “contrarios”, sin importar si esto abona a la solución
de un problema.
Este jueves, por cierto, el senador Julen
Rementería, del PAN, solicitó al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de
Morena, implementar un programa social para las mujeres veracruzanas, en
condición de pobreza, que se dediquen al trabajo del hogar y no perciban ningún
tipo de remuneración. En su explicación abundó que dichas mujeres reciban
mediante el otorgamiento de transferencias monetarias, capacitación para el
desarrollo humano, actividades de desarrollo comunitario y actividades para
propiciar el emprendedurismo. El llamado
Salario Rosa, como lo expuso, funciona exitosamente en el Estado de México,
Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Baja California y la Ciudad de México. Es
decir, hay ejemplos de todos los colores si lo que realmente se busca es ayudar
sin filias ni fobias.
Está también pendiente la iniciativa de
reforma al Código Penal denominada Ley Monse, que presentó hace casi un año la
diputada local del PRI, Anilú Ingram y la colectiva Brujas del Mar, pero que
también ahí la tienen en la congeladora.
En pocas palabras: esta administración no
acciona políticas públicas que reduzcan los problemas de las veracruzanas, pero
tampoco quieren tomar las propuestas que no vienen de su lado. Como quien dice:
ni pinchan, ni cachan ni dejan batear.
@YamiriRodríguez
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