Yamiri Rodríguez Madrid
Tras la aprobación de la polémica reforma al Poder Judicial,
es necesario hacer una buena revisión de cómo opera dicho poder en la entidad
veracruzana. Al ser uno de los primeros estados en dar su aval, también debería
ser uno de los primeros en corregir esos viejos vicios que aún subsisten.
Esta modificación que se ha hecho
se centra en 10 puntos básicos: La elección por voto popular de jueces,
magistrados y ministros; vigilar que sus resoluciones estén apegadas a derecho
y que su conducta sea intachable; para ello se crea el Tribunal de Disciplina
Judicial que nunca ha existido
en la historia de México. Además, establece que haya una evaluación ciudadana
del desempeño de la función judicial; que se apliquen los principios de
austeridad y transparencia para que nadie pueda
ganar más que el Presidente de la República, tal como lo ordena el artículo
127 de la Constitución Política; así, afirman, se eliminan los privilegios y
los despilfarros en el Poder Judicial Federal.
Las nuevas reglas sólo aplican a jueces, magistrados y ministros, no a las y
los trabajadores de base ni de confianza; es decir, esta reforma no modifica
los derechos laborales, no modifica las prestaciones de todo el personal que
trabaja en el Poder Judicial Federal, no afecta a las categorías de la carrera
judicial que van desde oficial judicial hasta el secretario general de
acuerdos, todos ellos quedan igual. La reforma no va dirigida a los
trabajadores ni de base ni de confianza. Los requisitos para ser jueces,
magistrados o ministros son los mismos de siempre. No se modifica el artículo
91 de la Constitución Política, sólo se agrega el requisito de probidad, en el
nuevo artículo 96 de la reforma.
Ningún partido político podrá
intervenir en la elección de jueces, magistrados y ministros y se crearán
Comités de Evaluación de los perfiles, los cuales cuidarán que ningún
aspirante tenga malos antecedentes o vínculos con la delincuencia o que hayan
incurrido en actos de corrupción. Ahora
falta ver que lo pongan marcha.
Históricamente las plazas en el Poder Judicial siempre han
sido muy peleadas, y mucho mejor pagadas. Aquí en Veracruz la compensación
anual garantizada para magistrados es de 613 mil 710 pesos, la más alta del
tabulador. Eso claro, sin mencionar los 40 días de aguinaldos, como prestación
de ley, la compensación por grado de responsabilidad, la prima vacacional, la
gratificación administrativa, el bono anual de despensa, el pago de becas para
hijos, los vales de gasolina quincenales, el Sistema de Ahorro para el Retiro,
el seguro de vida por 2 millones de pesos más 25 mil pesos en gastos
funerarios, el seguro de gastos médicos mayores ilimitados, entre un largo
etcétera.
Y lo más importante, a diferencia de otras plazas del Poder
Judicial, las de los magistrados no se
concursan. Es un buen punto donde se debe iniciar. Si nos vamos 15 años atrás, el Poder Judicial
se comenzó a llenar de políticos a los que les encontraban acomodo ahí, sin la
mínima carrera judicial. Luego llegaron los sobrinos de, los hijos de, los
hermanos de….y, obviamente, siempre tuvieron una plaza las novias de funcionarios
en turno. Esa ha sido la historia pública del Poder Judicial veracruzana.
Ya ni qué decir del negocio millonario de las ciudades
judiciales y del cúmulo de carencias que enfrentan sus trabajadores: goteras en
época de lluvias, climas que no funcionan en temporada de calor y hasta padecen
la falta de papel para imprimir.
Empezar por arreglar esas viejas mañas y problemas, sería la
primera señal clara de que sí se quiere reformar en serio al Poder Judicial.
@YamiriRodriguez
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