Yamiri Rodríguez Madrid
Muy pocos secretarios de Salud en Veracruz han podido pasar
por ese cargo sin mancha alguna; sobre la gran mayoría, en las últimas cinco
administraciones, pesan escándalos de corrupción, infraestructura deficiente, falta
de calidad en la atención médica y, sobre todo, desabasto de medicamentos.
En el sexenio de Miguel Alemán, por ejemplo, mucho se criticó
que la infraestructura hospitalaria era muy limitada y con obras abandonadas.
En 2019 la Secretaría de Salud federal reportó que Veracruz arrastraba 30 obras
de salud inconclusas (603 mdp) heredadas de administraciones pasadas.
En 2017 se denunció penalmente que en los gobiernos de
Herrera y Duarte se compraron “medicamentos apócrifos” para pacientes
oncológicos. La denuncia abarcó a secretarios de Salud y funcionarios de ambos
sexenios, acusándolos de comprar fármacos “clonados” y de calidad dudosa.
Pero el sexenio de Duarte fue uno de los más críticos. La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) documentó que en 2014 se desviaron más de 3,108
millones de pesos destinados a salud como en equipo hospitalario, medicinas y
mejoras. Quedaron obras inconclusas
señaladas por corrupción, como la sustitución del Hospital Psiquiátrico “Dr.
Víctor M. Concha Vázquez” (Proyecto “Benito Juárez”), una inversión de 208 mdp
cuyo avance se paralizó y fue señalado como caso de corrupción.
En la cuenta pública 2017 (primer año de Yunes) el Órgano de
Fiscalización Superior de Veracruz reportó un presunto daño patrimonial de 338.3
millones de pesos en contratos públicos (contratos directos irregulares). En el bienio no hubo tiempo suficiente para
iniciar grandes obras nuevas. El foco fue sanear lo heredado. Aun así,
persistieron hospitales con infraestructura obsoleta y numerosas clínicas
rurales sin remodelar.
En la revisión de la Cuenta Pública 2023, correspondiente a
la administración de Cuitláhuac García Jiménez, la ASF detectó más de 1,600
millones de pesos en contratos dudosos adjudicados directamente a empresas de
reciente creación y que supuestamente ya habían sido solventados, pero no todos.
Gran parte de estos recursos fueron administrados por el entonces director
administrativo de Salud, Eduardo Sisniega, identificado como supuesto operador
de los contratos.
Como ejemplo están las múltiples manifestaciones que en esos
seis años se dieron por falta de medicamentos; que el Hospital de Alta
Especialidad sufrió una intoxicación masiva por alimentos en mal estado en
2025, ilustrando la precariedad de las instalaciones, que mucho equipo médico
en hospitales dejó de funcionar; el mal estado de los elevadores, los cortos circuitos
o cuando se les inundó el recién inaugurado hospital de Perote.
Además, la ASF detectó otros 388 millones desviados mediante
“aviadores”, es decir, supuestos pagos sin comprobantes a 300 trabajadores
fantasma y falta de supervisión en compras clave. Se habla que se iniciaron al
menos 13 investigaciones administrativas contra funcionarios de Salud.
La gobernadora Rocío Nahle ya le entró al tema al confirmar
que sí se denunció, a través de la Contraloría General del Estado, los casi 200
millones de pesos en la Secretaría de Salud y fue más allá al decir que no
encubrirá a nadie.
¿El flamante delegado federal del IMSS Bienestar, Roberto
Ramos Alor, ese que soltó que a la prensa “ningún chile le embonaba”, ese que agredió
verbalmente a la entonces diputada local Anilú Ingram cuando lo cuestionó en
una comparecencia, correrá la misma suerte que otros de sus antecesores como
Juan Antonio Nemi Dib o será Guadalupe Díaz del Castillo la que pague los
platos rotos? El tiempo y las cuentas lo dirán.
@YamiriRodriguez
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