Yamiri Rodríguez Madrid
Veracruz es, en apariencia,
la segunda entidad con mayor número de policías estatales y municipales con poco
más de 12 mil elementos. Sin embargo, cuando se hace el cálculo conforme a la
densidad poblacional, nos ubicamos en la media tabla. A la falta de policías hay que sumar un factor
mucho más grave: el creciente número de oficiales que es partícipe en la
comisión de un delito.
Esta misma semana, la
Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la imputación en contra de 10
policías estatales como probables responsables del delito de desaparición
forzada de personas, cometido en agravio de dos víctimas de identidad
resguardada. Y aunque con muchos menos reflectores, también se dio a conocer la
imputación en contra de dos policías municipales también como probables
responsables del delito de desaparición forzada de personas, cometido en
agravio de tres víctimas de identidad resguardada.
Desafortunadamente no son
los primeros y es difícil que sean los últimos.
El pasado 2 de diciembre, 7 policías municipales de Álamo Temapache
fueron sentenciados a 48 años de cárcel por privar de su libertad al alcalde de
Tepetzintla, Crescencio Vera, en 2021. En septiembre, fueron imputados como
probables responsables del delito de abuso de autoridad, cuatro policías
municipales de Jalacingo.
Un mes antes, en agosto, se
obtuvo vinculación a proceso contra de tres policías auxiliares del Ayuntamiento
de Banderilla, como probables responsables del delito de homicidio doloso
calificado con ventaja. También fueron detenidos cinco elementos de la policía
ministerial adscritos a la comandancia de Las Choapas como probables
responsables de los delitos de evasión de presos e incumplimiento del deber
legal.
Otro caso por demás
alarmante se dio este año, cuando un juez vinculó a proceso a nueve policías
municipales de San Andrés Tuxtla que presuntamente cometieron un homicidio
doloso calificado en agravio del comerciante Jorge Luis Zapata Páez, quien
fuera arrestado durante una manifestación de locatarios para evitar la
demolición del mercado 5 de febrero. Si revisamos mes por mes, sale otro caso
tras otro, lo que suma al descrédito de la corporación.
De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2023) sólo
55.7% de la población de 18 años y más confía en la policía estatal, mientras
que el 52.3% lo hace en la municipal. En términos de percepción de corrupción,
el 66.2% de la población percibe actos de corrupción en la policía estatal, y
el 68.4% en la policía municipal. El que elementos, aunque sea un porcentaje
mínimo, se involucren en hechos delictivos, pega directamente en una mala imagen.
Al colectivo le importa más que un policía secuestre, a que muera en el
cumplimiento de su deber.
Por eso urge que, como
una de las primeras acciones, que como parte de una estrategia real de
seguridad, se depuren todos los cuerpos de seguridad, con estrictos filtros y
exámenes de control, para evitar que se contaminen más elementos, que paguen
justos por pecadores.
@YamiriRodriguez
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