Veracruz
ha sido uno de los estados más afectados por la violencia política en los años
recientes. Entre 2018 y 2024 se registraron 119 asesinatos de funcionarios
municipales en la entidad, además de decenas de ataques armados, secuestros y
amenazas. Este clima violento se intensificó especialmente durante los procesos
electorales de 2021 y de 2024, afectando a aspirantes, alcaldes en funciones, exfuncionarios
y liderazgos locales.
Desafortunadamente,
todo parecer indicar que la elección municipal de este 2025 no será la
excepción. Hace unos días, el dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Luis
Carbonell de la Hoz, denunció que varios de sus candidatos ya han recibido
amenazas para bajarse de la contienda.
No, no es nuevo, pero sí es muy peligroso porque ya sabemos cómo han terminado
muchos a los que les pasó algo similar.
En
2021 vivimos elecciones municipales en nuestro estado. Ese, particularmente,
fue un proceso sumamente sangriento. Ahí
están los casos de Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la alcaldía
de Úrsulo Galván, quien en febrero de ese año, fue asesinado a balazos cuando
viajaba en su camioneta en el municipio de Puente Nacional.
Unos
días después, la exdiputada local del PRI, Gladys Merlín Castro y su hija Carla
Enríquez Merlín, aspirante a presidenta municipal, fueron asesinadas dentro de
su domicilio en Cosoleacaque, causando conmoción en la región.
En
marzo de 2021, José Melquiades Vázquez Lucas, exalcalde de La Perla y
precandidato del PRI a la misma alcaldía, fue emboscado y baleado frente al
palacio municipal de Mariano Escobedo. Vázquez; su esposa resultó herida en el
ataque
Remigio
“René” Tovar Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones
de Herrera, fue ultimado a tiros en su domicilio apenas 36 horas antes de la
elección del 6 de junio. Tras su homicidio, su coordinador de campaña (quien
era su candidato suplente) asumió la candidatura y ganó la elección, pero luego
fue detenido como presunto autor intelectual del crimen
Claro, en los años siguientes
siguieron los ataques contra alcaldes y exfuncionarios municipales. En 2022, José
Allan Libreros Alba, exalcalde panista de Rafael Lucio; Enrique Argüelles
Montero, regidor primero del ayuntamiento de Texistepec; Miguel Tinoco García,
síndico del ayuntamiento de Omealca; Saúl Reyes Rodríguez, exalcalde priista de
Texistepec; Isauro Ambrosio Tocohua, alcalde en funciones de Rafael Delgado; el
tesorero municipal de Tezonapa también fue asesinado a balazos.
En
2023 se dieron los asesinatos de Alexis Sánchez García, exdiputado local y
entonces Secretario de Servicios Legislativos del Congreso Local o Wilman Monje
Morales, exalcalde de Gutiérrez Zamora, por mencionar algunos casos.
El año pasado, José Alejandro Naredo García, líder
regional del PRD en Cuitláhuac, Veracruz, fue asesinado a balazos por
hombres armados, pero también Andrés Valencia Ríos, exalcalde de San Juan
Evangelista; Manuel Hernández Hernández, Director de Gobernación del
ayuntamiento de Misantla y aspirante de Morena a diputado local por ese
distrito, así como Benito Aguas Atlahua, diputado federal del PVEM por
Zongolica.
El pasado 8 de enero, Manuel Andrei
Gamboa Soto, director de Gobernación del municipio de Camerino Z. Mendoza, fue asesinado
a balazos dentro de su camioneta en la unidad habitacional Potrerillo de
Ixtaczoquitlán. El 6 de febrero, Carlos Ranses Neri Rodríguez, secretario del
Ayuntamiento de Paso del Macho y aspirante a la alcaldía por el PVEM, fue
asesinado junto con su hermano Juan Daniel Neri.
Por eso,
lo dicho por el dirigente estatal de MC no debe tomarse a la ligera. La
gobernadora Rocío Nahle ya dijo que la seguridad de los candidatos que la
soliciten formalmente estará garantizada a través de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP). Por el bien de Veracruz ojalá y ya no corra más sangre en este
proceso.
@YamiriRodriguez
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