Yamiri Rodríguez Madrid
El asesinato a
sangre fría del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, pasará a la
historia nacional por ser la gota que derramó el vaso en lo que hace a la
violencia política; no es que la vida de un político valga más que la de
cualquier ciudadano, sino porque es la muestra clara de que ya nadie está exento
del poder criminal. Desafortunadamente,
en este rubro, Veracruz está en los primeros lugares nacionales en incidencia
desde hace ya varios años.
Tan solo en la
última década, en la entidad, la violencia
política se ha intensificado, manifestándose en asesinatos, atentados,
amenazas, desapariciones y agresiones contra funcionarios públicos y candidatos
a cargos de elección. Figuramos consistentemente entre los estados más
afectados por este tipo de violencia, junto con entidades como Oaxaca, Puebla,
Guerrero y Michoacán, concentrando casi la mitad de los incidentes a nivel
nacional. En este proceso electoral
fuimos el segundo lugar nacional en violencia electoral durante las campañas
municipales.
Cabe destacar que este tipo de violencia se focaliza en el ámbito
municipal, pues más del 80% de las víctimas a nivel nacional ocupaban (o
aspiraban a) cargos municipales, lo cual concuerda con el patrón veracruzano
donde presidentes municipales, ex alcaldes, regidores y candidatos locales han
sido los blancos principales.
Entre los casos más emblemáticos está el de Florisel Ríos Delfín, presidenta
municipal de Jamapa (PRD). Fue secuestrada y asesinada el 11 de noviembre de
2020; su cuerpo apareció con impactos de bala en un camino rural. Ríos había
denunciado amenazas previamente y su homicidio generó críticas hacia la
protección brindada a autoridades locales.
Gladys Merlín, ex diputada local y ex alcaldesa
(PRI), y su hija Carla, quien aspiraba a la alcaldía de Cosoleacaque, fueron asesinadas
a balazos el 15 de febrero de 2021 dentro de su domicilio. El doble homicidio
conmocionó al estado por tratarse de una familia de larga trayectoria política.
Melquiades Vázquez Lucas, expresidente municipal
de La Perla (PAN) y aspirante a retomar el cargo, fue asesinado a tiros en
marzo de 2021 en plena preparación de la campaña municipal. Semanas antes, en
febrero, también habían asesinado a su hijo Andrés Vázquez.
Otro caso fue el de Remigio “René” Tovar Tovar,
candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones. Fue ultimado
a tiros la noche del 4 de junio de 2021, 36 horas antes de la elección. Tras
los comicios, su jefe de campaña (Omar Ramírez) asumió la presidencia al ganar
la planilla de Tovar, pero días después fue detenido como presunto autor
intelectual del asesinato.
Benito Aguas Atlahua, diputado federal suplente por Veracruz (PVEM), fue
asesinado a tiros el 9 de diciembre de 2024 en el municipio de Zongolica.
Aguas Atlahua, había asumido la curul semanas antes tras la licencia del
titular.
Germán Anuar Valencia, candidato de la alianza
Morena-PVEM a la alcaldía de Coxquihui. fue asesinado a balazos el 29 de
abril de este año durante un acto de campaña, cuando un grupo armado atacó a
los asistentes. Valencia intentó huir, pero fue alcanzado por los disparos,
falleciendo camino al hospital. En el atentado resultaron heridas una docena de
personas, incluidos menores de edad.
Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec,
fue asesinada el 11 de mayo mientras encabezaba un mitin público, en un ataque
transmitido en vivo por redes sociales. Un comando armado abrió fuego contra la
candidata y la multitud; Yesenia, de 49 años, murió en el lugar junto a cuatro
personas más (asistentes al acto), quedando además al menos dos heridos de
gravedad.
Y como estos, desafortunadamente, hay muchos otros casos más que
ilustran la magnitud del problema no solo en Veracruz, sino en todo el país; un
reto enorme que se cierne ya sobre el proceso del 2027.
@YamiriRodriguez
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