Por Yamiri
Rodríguez Madrid
El Comité de
Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), presentó hace unos
días un informe especial denominado Sin
Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas,
y en el que dos de los tres casos mencionados, son de Veracruz.
Reporteros Sin
Fronteras también elaboró otro reporte, Veracruz:
los periodistas frente al estado de miedo.
Ninguno de los dos ha podido ser revisado por el Gobierno del Estado,
porque ni el Gobernador ni el Coordinación de Comunicación Social han tenido
tiempo en su agenda para recibir a los representantes de estos organismos
internacionales.
Los dos
documentos emiten una serie de recomendaciones que deberían acatarse a la
brevedad posible pero, ¿cómo aplicarse si no hay interés de las autoridades
estatales?
El CPJ exige
que la Fiscalía del Estado coopere plenamente con la Procuraduría General de la
República (PGR) en las investigaciones en curso de ataques contra la prensa; pide
además asegurar que la policía investigue plenamente las amenazas contra los
periodistas y medios de comunicación y que la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), disponga de los recursos necesarias para realizar
investigaciones oportunas en el terreno.
Pero además le
aconseja al gobierno estatal que se asegure que las investigaciones de los
asesinatos del gremio se abran de forma inmediata y que las solicitudes de
cualquier grabación de video se efectúen ante C4, en los 3 días de plazo del
límite previsto. A la par hay que recabar el testimonio de testigos
inmediatamente, incluso bocetos, grabaciones de vídeo y demás materiales de
manera oportuna, así como el registro de sospechosos de manera eficaz e
investigar exhaustivamente las denuncias de intimidación.
Y una acción
inmediata es levantar el cerco informativo que se mantiene, pues los boletines
de prensa solo fluyen para un par de medios.
Por su parte,
Reporteros Sin Fronteras le recomienda al nuevo gobierno de Veracruz que
establezca una política clara, eficaz y transparente para garantizar la
seguridad de los periodistas y el libre ejercicio de la profesión en el estado
así como implementar medidas urgentes
para poner fin cuanto antes a la impunidad de los crímenes contra los periodistas
y dotar de más recursos financieros y humanos a la Comisión Estatal de Atención
y Protección a Periodistas (CEAPP) y que garantice su independencia.
En el sexenio
de Javier Duarte hubo 17 asesinatos contra reporteros. Uno en la administración de Miguel Ángel
Yunes, más el atentando contra otro que salvó la vida de milagro y, aún con
esto, no hay interés. No se trata de la foto después de la agresión, sino
aplicar estas recomendaciones para esclarecer hechos y que no se repita ni uno
más.
@YamiriRodríguez
No hay comentarios:
Publicar un comentario