Por Yamiri Rodríguez Madrid
Caliente está
el tema de los defraudados por las cajas de ahorro en el estado de Veracruz,
pues se estiman que más de 45 mil personas han sido timadas. Ahí están como
muestra COFISUR, INVERBIEN, COFISTMO, Inmobiliaria SITMA,
Cooperativa de Vivienda Popular “Juntos y Organizados Venceremos”, CASUR, Grupo
Nacional de Cooperativas Soluciones Financieras, INVERGROUP, COFIA, FIN-MAS,
Cooperativa Enlace Nacional del Sur; y el Frente Unidos de Ahorradores Defraudados
de Cerro Azul, A. C.
A eso súmele,
a los de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Por lo anterior, el Partido del Trabajo
(PT), ha iniciado una serie de reuniones a fin de que se les pueda devolver su
dinero pues, en casos exitosos como Oaxaca, les han regresado 75 por ciento.
Pero el
problema no es nuevo para Veracruz, pues esto data desde las Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP), que puso en marcha Cirilo Ocampo
Verdugo. Incluso, desde la
administración estatal pusieron en marcha la atención a los defraudados, por
donde pasó Juan Antonio Nemi Dib, como Subsecretario, sin éxito alguno.
Ni que decir
de los cañeros que metieron también su dinero a las cajas de ahorro y fueron
timados con millones sin que a la fecha los responsables aparezcan y, hasta en
el Poder Judicial, se han dado fraudes entre los empleados.
Y es que si
bien las
cajas de ahorro son una alternativa para quienes buscan servicios financieros
de fácil acceso, ni las personas ponen atención a quién le confían su dinero,
ni el gobierno se mete a regularlas.
De ahí que la Condusef recomiende revisar si está o no autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV) para operar como tal.
Y es que según datos del Fideicomiso del Fondo de
Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de
Protección a sus Ahorradores (Focoop), hasta el año pasado estaban registradas
624 sociedades a nivel nacional, de las cuales solamente 86 cuentan con
autorización.
Las sociedades restantes, dice Condusef, no han sido
autorizadas: 302 son de nivel básico (son pequeñas, por el tamaño de sus
activos —menores a 2.5 millones de UDIS—, no requieren autorización de la
CNBV), 183 se encuentran en situación de prórroga (en proceso de autorización),
28 no se encuentran evaluadas y 25 no han presentado información financiera,
están en situación de insolvencia o potencial quiebra; ahí están ubicadas la
gran mayoría de las veracruzanas.
¿Les devolverán su dinero, habrán de regularlas o se
seguirá incrementado el número de personas timadas? Todo está en manos de las
autoridades.
@YamiriRodríguez
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