Yamiri Rodríguez Madrid
La detención de la ex
presidenta municipal de Ixhuatlán del Café, Viridiana N., debe ser motivo, una
vez más, de reflexión, para diferenciar, cuando un político es detenido por
infringir la ley y cuando es porque resulta incómodo al sistema. Y no, no es
defensa a la Fiscalía General del Estado (FGE), ni al Gobierno del Estado,
simplemente, no todo político detenido puede ser considerado un preso político.
Tras darse a conocer la
noticia el pasado viernes, algunas voces se alzaron argumentando que se trataba
de una presa política de esta administración morenista, pero hay muchos
factores que deben ser tomados en cuenta. La ex alcaldesa ganó con las siglas
de la alianza conformada por el PAN y el PRD; una vez que terminó su agitada
gestión -pues se vio envuelta en varios escándalos-, de muchos es sabido que
buscó chamba en Morena, específicamente en Córdoba, pero como era de esperarse,
la batearon.
Recientemente comenzó a
colaborar con uno de los aspirantes morenistas a la gubernatura veracruzana, quien
dos días después de los hechos dijo que, como cualquier ciudadano están
obligados a enfrentar la ley, pero en un proceso justo y apegado a derecho.
La raíz de su detención
se origina por el incendio de una bodega de café, en el municipio que gobernó,
en enero del año pasado. Reza el dicho que pueblo chico, infierno grande, y habitantes
de Ixhuatlán la señalaron como supuesta autora intelectual de los hechos, como
la mano que mecía la cuna junto con los productores hoy imputados con
ella.
Incluso, comentaron que
financiaba el movimiento en contra de la empresa y hasta drogadictos del pueblo
y de la región estaban ahí metidos como supuestos manifestantes. Si así fue
como asegura la gente, ¿por qué lo hacía o qué quería de la empresa? Por esos
hechos que dejaron pérdidas económicas millonarias, los afectados interpusieron
una denuncia que, obviamente, no fue mediática y derivó en la detención de
Viridiana N., Minervo N. y Ciro N. estos dos productores de café en la zona,
así como de Abraham N., y Crisanto N., todos imputados como presuntos
responsables del delito de estragos a una empresa privada.
Claro, no es homicidio ni
secuestro por lo que, con un buen abogado, reparando daños y pagando fianza, la
ex presidenta municipal podría salir muy pronto libre. Sin embargo, su
detención nada tienen que ver temas políticos.
Si tanta fuerza tuviera,
la alianza hubiera seguido gobernando en Ixhuatlán; la alianza la habría hecho
candidata a diputada federal o mínimo local por su peso en la región; no habría
ido a buscar cobijo en Morena.
No hay que confundir la
gimnasia con la magnesia; mientras tanto, el proceso legal sigue.
@YamiriRodriguez
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