Yamiri Rodríguez Madrid
Bien dicen que no todo lo que
brilla es oro, ni todo lo que aparece en las redes sociales es cierto.
Últimamente las redes sociales
han intentando sustituir al debido proceso, pues la sospecha se viraliza antes
que los hechos. Le pongo como ejemplo el caso de la síndica de Córdoba, Vania
López González, quien ha sido blanco de señalamientos infundados por un grupo
que pretende transformar un proceso penal en una novela de persecución
política.
El caso que ha reactivado esta
narrativa es el del ex regidor noveno del Ayuntamiento, Eduardo “N”, detenido
desde octubre de 2024 por su probable responsabilidad en el delito de violación
agravada. No se trata de un asunto menor ni mucho menos ambiguo: existen
carpetas de investigación previas por acoso, y el caso ha seguido su curso
judicial conforme marca la ley. Hoy, enfrenta prisión preventiva en el penal de
La Toma, en Amatlán.
Sin embargo, un grupo de
simpatizantes del ex regidor ha intentado revestir el caso con un manto
político. En su desesperación por revertir el proceso, han optado por el camino
más fácil y más irresponsable: acusar a la síndica Vania López de haber “orquestado”
una persecución política.
Pero, seamos serios. ¿Desde
cuándo una síndica municipal tiene facultades para manipular a la Fiscalía
General del Estado y al Poder Judicial? ¿De verdad hay quien cree que un delito
de esta magnitud puede ser fabricado desde un escritorio del Cabildo?
La respuesta es tan obvia como
incómoda para quienes insisten en sembrar mentiras: no, no tiene ni el poder ni
el interés de hacerlo. Y así lo ha dejado claro la propia síndica, quien ha
respondido de forma institucional y firme, anunciando además acciones legales
en contra de quienes han emprendido una campaña de difamación en su contra.
“Es absolutamente falso que su
servidora haya tenido participación, injerencia o influencia alguna ante los
hechos que se le imputan”, declaró Vania López, reiterando que no ha
intervenido ante autoridad ministerial o judicial, directa o indirectamente. Y
agregó algo crucial: “el que afirma está obligado a probar”.
Y ahí está el centro del asunto.
No se puede usar la narrativa de la persecución para encubrir acusaciones
graves, mucho menos para limpiar la imagen de un funcionario que enfrenta
múltiples denuncias de mujeres. Lo que está en juego no es solo la reputación
de una servidora pública, sino el principio de justicia misma.
La síndica, con madurez política,
no se ha sumado a la confrontación ni ha caído en provocaciones. Ha defendido
su nombre y, más aún, ha defendido el derecho de las víctimas a que sus casos
sean escuchados sin ser politizados.
Y ojo: justicia no es venganza,
pero tampoco debe ser confundida con persecución cuando lo que hay son procesos
abiertos. Así las cosas.
@YamiriRodriguez
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