Por Yamiri
Rodríguez Madrid
Durante años, en
las periferias de las zonas arqueológicas de Veracruz, se vendían supuestas
figurillas arqueológicas. En la mayoría
de los casos, se trataban de réplicas de yeso que, mañosamente, los pobladores
enterraban durante algunos meses para darles el aspecto de antiguo. Otras, desafortunadamente, sí eran piezas
auténticas. Así, se perdió una buena parte de la historia de Veracruz. Muchas figurillas
arqueológicas de gran valor terminaron en colecciones privadas, más allá de
nuestras fronteras.
De ahí la
importancia de la iniciativa que la semana pasada presentó el diputado federal
panista, José Salvador Rosas Quintanilla, para reformar el Código Penal
Federal, a fin de imponer penas de cuatro a 10 años de prisión a quien cometa
robo de bienes culturales, propiedad de la nación, sin importar el objeto o el
periodo histórico.
Rosas
Quintanilla considera que proponer esta sanción es pertinente ante el daño que
provoca para la historia de los pueblos, las arcas de la nación y el bienestar
de la ciudadanía en general, pues el mercado de bienes culturales genera
mayores ingresos a nivel internacional, sólo detrás del tráfico de drogas y de
armas; es urgente erradicar el hurto, por lo que resulta necesario tener un
marco legal pertinente para la prevención de este tipo de robo.
Pero, además, la
iniciativa del legislador pone una vez más en evidencia de que no existe una
base de datos centralizada de bienes y la proliferación de zonas arqueológicas
o históricas sin ser exploradas a profundidad, pone al patrimonio cultural en
estado de vulnerabilidad, además, lo expone al vandalismo y saqueo por parte de
delincuentes que comercian en el mercado negro.
Tan solo en
Veracruz se calcula que hay más de mil vestigios arqueológicos aún sin poder
explorar dado que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no
tiene ni los recursos económicos ni humanos para investigarlos, muchos menos
para resguardarlos, lo que los ha dejado a merced de los saqueadores.
A decir del
legislador, la incidencia de este delito deja un panorama desalentador; entre
2008 y 2018 el gobierno recuperó un total de 634 objetos que pretendían
atravesar fronteras, lo que representa un grave problema, que también exige la
labor de las autoridades aduaneras.
Ojalá y sea
aprobada, aunque dadas las prioridades del país, se vislumbra difícil que
exista interés por preservar nuestro rico pasado.
@YamiriRodriguez
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