Por Yamiri Rodríguez Madrid
Otra vez, la
Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) se encuentra en
medio de un vendaval. Por un lado,
algunos comisionados están enfrascados en una añeja rencilla con la diputada
local panista, María Josefina Gamboa Torales que, pareciera más, un asunto ya
personal. La representante popular, por
su parte, está aferrada en desaparecer a la CEAPP, como punto prioritario en su
agenda legislativa.
Pero hay otras
cosas más urgentes que el discutir
mediáticamente: desde el pasado 14 de febrero, el periodista Mussio Cárdenas
Arellano renunció a ser comisionado; unos días después hizo lo propio el
empresario radiofónico, Raúl Arroniz de la Huerta. Han pasado siete meses desde que el Congreso
Local fue notificado y no hay para cuándo se ocupen las dos sillas vacías.
Peor aún es
que uno de sus comisionados, Pedro Alberto Díaz Cruz, está denunciado ante la
Fiscalía General del Estado (FGE) por un grupo de reporteros de la zona norte. Este martes se trasladaron a Xalapa para
ratificar sus señalamientos, por supuesta extorsión contra presidentes
municipales y funcionarios de la región.
Desde que
llegó a la CEAPP se cuestionó la trayectoria periodística de Díaz Cruz, pues es
prácticamente un desconocido para el gremio y hoy, si lo conocemos, es
precisamente por sus escándalos.
Claro,
difícilmente habrá un avance en la investigación en su contra pues, a decir de
los reporteros, fue impuesto por el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán,
de quien era vecino en la niñez y en la juventud, allá en Tuxpan.
Pero los
reporteros debemos también entender que la Comisión no es nuestra caja chica:
que de ahí no resolverán el completarnos la quincena, el darnos una mega beca o
una ayudadita extra en el mes, como dicen, sucedía antaño.
Desde la Cámara de Diputados, Brenda
Velázquez Valdez (PAN), presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las
Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, anunció la Miscelánea
para la Libertad de Expresión en México, la cual contempla crear una nueva
Ley General de protección exclusiva para periodistas; dotar de facultades al
Congreso para legislar en la materia, y elevar a rango constitucional la
confidencialidad de las fuentes periodísticas.
Incluirá también el derogar los códigos
estatales de delitos anacrónicos como los de contra el honor y el halconeo;
incorporar nuevos conceptos internacionales, como los derechos digitales, y
aumentar las penas a los servidores públicos que incurran en espionaje ilegal,
y sancionarlos dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.
Velázquez Valdez impulsa además cinco
iniciativas relativas a la transición de una Comisión Especial a una Comisión
Ordinaria de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de
Diputados; crear una Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar las
Agresiones contra Periodistas; una Fiscalía Especial para la atención de
delitos cometidos contra la Libertad de Expresión dentro de la nueva Fiscalía
General de la República; hacer obligatoria la facultad de atracción de la
Fiscalía General, e incorporar un tipo penal específico que sancione los
delitos contra la Libertad de Expresión, el derecho a la información y los
derechos digitales. Algo similar debería estarse haciendo en Veracruz.
Desafortunadamente en nuestro estado las
agresiones, la intimidación contra la prensa, siguen, mientras algunos de
nuestros comisionados están concentrados en pelear y en defenderse de los
escándalos.
@YamiriRodríguez
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