Por Yamiri Rodríguez Madrid
Veracruz,
tristemente, es uno de los estados con mayor número de fosas clandestinas en su
territorio, con más de 300. Pasan los
años y no se puede identificar a quienes yacen ahí.
Las familias de
los desaparecidos viven en la incertidumbre, en la zozobra, bajo la indolencia
de nuestras autoridades.
Por eso, esta
semana, colectivos de familias de desaparecidos alzaron la voz para pedirle a
los diputados y senadores veracruzanos, que impulsen una iniciativa de reforma,
al 19 constitucional, para que el delito de Desaparición Forzada de Personas y
la Desaparición Cometida por Particulares, sean considerados como graves.
Y tienen toda la
razón, pues el actuar del Poder Judicial de la Federación, a través de sus
jueces en sus resoluciones, ha provocado un doble dolor para más de 37 mil
familias que atraviesan por esta penosa situación.
El gobernador electo, Cuitláhuac García
Jiménez, se reunió la semana pasada con parte de estos colectivos y ahí se
comprometió a revisar
la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz a fin de adecuarla a la nueva
realidad, en relación a la atención a víctimas y la reparación del daño, entre
otras medidas.
Los diputados locales, por su parte, se sumaron a
trabajar en una agenda, que sea revisada periódicamente, con el propósito de verificar
los avances y, en caso de haber, modificarse.
Lo cierto es que, aunque en el papel todo esto
suena muy bien, las buenas intenciones no son suficientes para darles una
respuesta a quienes a diario buscan con desesperación a los suyos: urgen
resultados inmediatos.
Los años pasan y los recursos para estas familias
escasean. Muchos pierden sus trabajos por seguir buscando a sus familiares,
malbaratan sus bienes, venden cosas usadas para ayudarse mientras nuestras
autoridades dicen que la desaparición, no es un delito grave.
Hay que ponerse en los zapatos del prójimo, sobre
todo en estos que tanto han andado sin poder llegar a su destino.
@YamiriRodríguez
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