Por Yamiri
Rodríguez Madrid
Muy nerviosos
trae a varios rectores y rectoras del país, incluida a la de la Universidad
Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, la intención de varios congresos
locales por atentar contra la autonomía de las universidades públicas, como es
el caso de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y la del
Estado de México (UAEM).
En el caso de la
UABCS, fue a través de una iniciativa ciudadana presentada el 29 de marzo por un
maestro jubilado y un alumno, mediante la cual solicitaban crear una nueva Ley
Orgánica para dicha institución. El
joven curiosamente lleva el mismo apellido, Trasviña, que la senadora morenista
de ese estado, Lucía Trasviña.
En una situación muy parecida se encuentra
la UAEM, a quien la bancada de Morena en su Congreso Local propuso modificar su
ley orgánica para ratificar los periodos de cuatro años sin reelección, además
de que prohíbe la elección de ex rectores y propone nuevos órganos para
garantizar la democratización de la universidad.
Pero por esas fechas, recordemos que el
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, presentó ante el Congreso
Local otra iniciativa, muy parecida a éstas, que atenta contra la autonomía de
El Colegio de Veracruz (Colver), una de las varias instituciones públicas de educación
superior en la entidad y que actualmente se encuentra en pausa su discusión.
Por si las dudas y antes de que les
quieran meter mano, la Universidad Veracruzana conformó una Comisión
Transitoria para la Integración del Anteproyecto de Ley Orgánica de la UV, esto
a fin de armonizar la normatividad universitaria con las transformaciones
jurídicas producidas en los últimos años en las instituciones del Estado
mexicano, tanto en los ámbitos federal como local.
De acuerdo con
la Comisión, tales transformaciones han provocado complejidades e
insuficiencias en la gestión universitaria, por lo que buscarán aplicar el
fortalecimiento de los derechos humanos, las reformas en materia de educación
superior, la transparencia, la fiscalización en la administración de los
recursos económicos y la contabilidad gubernamental, entre otras, pero,
primordialmente, el contar con el cuerpo normativo adecuado para ejercer la
facultad de iniciar leyes o decretos producto de las reformas a la Constitución
local en sus artículos 10 (2017) y 34 (2018).
Hace bien la UV
en adelantarse pues, si llegarán a proceder contra las otras tres instituciones
mencionadas, solo será cuestión de meses para que le toque su turno en la
guillotina de la autonomía.
@YamiriRodriguez
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