Yamiri Rodríguez Madrid
En días pasados, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Radio y
Televisión presentó una iniciativa para
castigar con penas de hasta 6 años de cárcel y 300 días de multa, a quien usurpe
frecuencias radiales o las use sin autorización o concesión formal alguna; lo
que es lo mismo: se busca frenar a las
llamadas radio piratas.
Según los diputados, no es sólo una competencia desleal, sino una
apropiación ilícita del espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación
en términos de lo previsto por el artículo 27 de la Constitución de la
República. Aunque claro, lo que no dicen
es que las concesiones de radio permanecen desde hace décadas en manos de las
mismas familias acaudalas o incluso de políticos, que ven en los medios una
forma de hacerse de más recursos y difundir sus intereses.
Como justificante exponen que entre 2013 y 2015, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones detectó 235 estaciones pirata de radio y televisión que
tendrían que haber pagado alrededor de 11 millones 801 mil 507 pesos por
derechos anuales y el otorgamiento de concesión y que entidades como Chiapas y
Oaxaca son donde más estaciones sin concesión se hallaron, aunque también se
presentaron casos en el Estado de México, Puebla, Morelos y la Ciudad de
México. En su mayoría, dichas estaciones
de radio tienen un uso de tipo religioso y esotérico, e incluso algunas han
sido relacionadas con el crimen organizado.
Los diputados reconocen que la molestia proviene de los concesionarios
de Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, toda vez que
acceder a una concesión no es un tema sencillo: requiere acreditar solvencia
económica suficiente. Pero si hay
radios así, es porque también hay una audiencia sino, simplemente no tendrían
razón de ser.
Curiosamente Chiapas y Oaxaca son dos de los estados con mayor población
indígena. La programación de la radio comercial parece no satisface a los
oyentes, no se adapta a sus necesidades y, las permisionarias, son demasiado
elevadas. Desafortunadamente tampoco hay
permisos suficientes para radios permisionarias, por lo que dan paso a la
clandestinidad.
Apenas en
abril del año pasado, el IFT autorizó 23 permisos de uso cultural al régimen de
concesión social a diversos permisionarios (culturales) incluida una para uso
comunitario a favor de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares,
mejor conocida como Radio Teocelo.
Durante
décadas, este ejemplo nacional de radio comunitaria fue considerada por los
empresarios radiofónicos, como pirata.
Su trabajo data de 1965, y su éxito radica en el hecho de que toda la
comunidad participa, por lo que se mantiene a través de donaciones, tal y como
lo hacen ahora los proyectos periodísticos digitales innovadores.
Radio
Huayacocotla, la voz de los campesinos, en la sierra norte limítrofe con
Hidalgo, es otro gran ejemplo del cómo opera la radio en servicio de la gente
de sus comunidades.
En la radio
comercial si usted quiere pasar el aviso de que alguien falleció, le van a
cobrar. Las solicitudes de donación de
sangre en muchas ya no pasan porque rompen el esquema de radio moderna, por eso
muchos ya no sienten suya la radio y se van con las piratas, con las que hoy se
escuchan en Internet.
A final de
cuentas todo se trata no solo de que se escuchen, sino también de escuchar a la
gente. Para todos sale el sol…
@YamiriRodríguez
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