Por Yamiri
Rodríguez Madrid
La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un pronunciamiento para la
adopción de medidas emergentes complementarias en favor de las personas
privadas de la libertad ante la pandemia del Covid19, y subrayó que se debe
garantizar la desinfección de los centros penitenciarios, así como la
distribución de material sanitario, principalmente entre quienes son
considerados población en riesgo.
La última
Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se publicó en 2016. En esta se
informaba que hay 32 penales en el Estado de Veracruz y que el 64.4 por ciento
de los reos tiene entre 18 y 39 años.
Más importante aún es que 59.3% de la población privada de la libertad compartió
su celda con una y hasta cinco personas. Aunque han pasado cuatro años, la
situación no ha cambiado mucho y hoy, en tiempos de Covid19, es una sentencia a
enfermarse.
La Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, ha negado que
existan brotes de Covid19 en las cárceles veracruzanas, aunque las familias de
algunos internos digan lo contrario y, en estos más de tres meses, no ha
comunicado las acciones que emprenden para evitar los contagios.
El hacinamiento
en que han estado los penales, no solo en la entidad, sino en todo el país, es
una condición de décadas que hoy funciona como caldo de cultivo para que haya
más enfermos. De acuerdo con diversos reportes, las cárceles de la Ciudad de
México y de Baja California son las que más enfermos de Covid19 presentan, pero
ante el número de contagios que se presentan, los reos están en una situación de
gran riesgo.
Más allá de
ocultar o de negar la información de cuántos enfermos hay en las cárceles
veracruzanas –es imposible que no haya un solo caso-, lo que urge es que la SSP
acate las recomendaciones hechas por la CNDH, como las adecuaciones necesarias
bajo el enfoque de los Derechos Humanos, reclasificación de la población y
campañas para que se informen. Esto se
hizo desde el 15 de abril y, hasta hoy, aquí no hemos visto que la dependencia
estatal mueva un dedo por procurarlo.
@YamiriRodriguez
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