lunes, 31 de diciembre de 2018

¡Benditas dispensas!


Por Yamiri Rodríguez Madrid
Una vez más se comprueba que para los morenistas los veracruzanos no tienen ni capacidad ni talento. Tres dispensas de ley ha solicitado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para incorporar a no veracruzanos como secretarios de despacho.
Cuando el presidente municipal xalapeño, Hipólito Rodríguez Herrero, declaró que traía gente de la Ciudad de México a su equipo porque aquí no encontró gente con “capacidad” para ocupar dichos cargos administrativos, la sociedad se indignó, pero ahora, sin decirlo, el flamante Gobernador está haciendo lo mismo.
El pasado 6 de diciembre, justo cuando estaba la polémica en el Congreso Local para refrendar su capacidad de poder remover al fiscal, se aprobaron las dispensas de quienes hoy ocupan la Contraloría General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, originarios de la Ciudad de México y de Nuevo León, respectivamente.
Las dispensas pasaron desapercibidas ante el escándalo, pero en la última sesión del año se dio entrada a una más, la de la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno, nacida en Apizaco, Tlaxcala.
La funcionaria morenista estuvo 27 días despachando sin la dispensa de ley que obliga la Constitución, en un franco descuido de la autoridad estatal por no haber ingresado en una sola ocasión el paquete de los tres foráneos.
Y es que el artículo 7° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que para ser titular de cualesquiera de las dependencias o entidades de la Administración Pública del Estado se requiere ser veracruzano, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución  Política del Estado; contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente  facultada para ello; tener un modo honesto de vivir; y no tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo,  exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de  conmutación o suspensión condicional de la sanción.
Y el artículo 11 de la Constitución Local subraya que son veracruzanos los nacidos en el territorio del Estado y los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.
Al igual que en la pasada administración panista de Miguel Ángel Yunes Linares el coco fue que muchos secretarios no estaban titulados y, por ende, no tenían cédula profesional, en esta parece que será el ser “funcionarios” importados, sin gozar siquiera de reconocimiento nacional en su campo.
Todo sigue igual…
@YamiriRodriguez

viernes, 28 de diciembre de 2018

12 uvas, 12 magistrados




Por Yamiri Rodríguez Madrid
Fueron 433 los expedientes que se enviaron al Ejecutivo Estatal para que considere quiénes deben ocupar las 12 vacantes que como magistrados hay en el Poder Judicial. Del universo de documentación recopilada, 162 aspirantes son mujeres.
Y es que sin duda son de los puestos más cotizados y el sueño de muchos abogados: más de 7 millones de pesos al año y jugosas prestaciones, aunque el ciudadano de a pie poco entienda sobre su trabajo.
El funcionamiento del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un Tribunal de Conciliación y Arbitraje; así como en los Juzgados de Primera Instancia, Menores, Municipales, de Comunidad y en la Comisión Jurisdiccional de Menores Infractores.
Así, por si usted no lo sabía, la función de los magistrados es concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en las sesiones a las que sean convocados por los presidentes de los órganos a los que pertenezcan; formular los proyectos de resolución de los expedientes que les sean turnados para tal efecto; discutir y votar los proyectos de resolución que sean sometidos a su consideración en las sesiones de sus correspondientes órganos.
Les toca también ordenar los engroses de los fallos aprobados; someter a la consideración de sus respectivos órganos, cuando proceda, la acumulación de las impugnaciones, así como la
procedencia de la conexidad, en los términos de las leyes aplicables; participar en los programas de actualización del Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado; participar, previo consentimiento expreso, en los programas de visitas a los tribunales, juzgados y demás órganos del Poder Judicial, implementados por el Consejo de la Judicatura.
Se requiere de abogados por la argumentación jurídica, el conocimiento práctico de litigio en materia civil, fiscal, laboral, procesal, amparo, Derecho Constitucional y Administrativo, aunque algunos de los que se inscribieron, si bien son abogados, son neófitos de estos temas pues se han dedicado a la grilla.
Si bien en ningún caso podrá haber dos o más magistrados que sean parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, hay un caso que se acoge a que si hubiere magistrados vinculados por parentesco de afinidad serán asignados a tribunales distintos, el de Juan Carlos Charleston Salinas, hermano del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Los 12 que resulten electos tendrán tranquilidad durante una década pues, como lo marca el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, durarán en su cargo diez años improrrogables, salvo que durante ese lapso se ausenten de manera definitiva, dejen de cumplir con algunos de los requisitos para ser magistrado o se actualicen los supuestos previstos por esta Ley para el retiro forzoso.
Mucho se especula que ya hubo negociación política y que serán 2 priistas visibles a todas luces: Silvio Lagos Galindo, ex director de Asuntos Jurídicos del DIF con Rosa Borunda de Herrera y ex coordinador de la campaña a la gubernatura de Pepe Yunes y Tomás Carrillo Sánchez, subprocurador también en el sexenio de Fidel Herrera.
Burlando la supuesta autonomía de la que gozan los poderes 5 serán para morenistas, la gran mayoría desconocidos y el resto para quienes en verdad sí tengan carrera judicial.
En síntesis, que la renovación de los magistrados será más de lo mismo.
@YamiriRodríguez

jueves, 27 de diciembre de 2018

Los periodos que vienen


Los periodos que vienen

Por Yamiri Rodríguez Madrid
En la Cámara de Diputados y en el Senado han concluido sus respectivos periodos ordinarios; los primeros de su primer año. En el congreso veracruzano están próximos a hacer lo propio en el mes de enero. Este jueves sesionan esperando sea la última del año con la aprobación del presupuesto estatal 2019.
Se supone vendrá ahora la conformación de las agendas legislativas de cada grupo parlamentario. En el caso de las federales, tendrán que estar listas en febrero y, en Veracruz, en el mes de mayo.
Este primer periodo fue, sin duda, uno de los más intensos al encontrarse con una mayoría morenista y recortes polémicos al presupuesto. Se sacaron avante también leyes controvertidas como la Ley de Remuneraciones Públicas, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, adecuaciones constitucionales y modificaciones en materia de extinción de dominio; la creación de la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Ley Orgánica de la Fiscalía General, por mencionar algunas, bajo la atónita mirada de la oposición que lo único que pudo hacer fue inconformarse.
A nivel estatal, lo más trascendente en estos casi dos meses en funciones han sido las solicitudes de juicio político contra el fiscal veracruzano, Jorge Winckler y la ratificación de la facultad del Congreso para removerlo del cargo.
Tendrán que sacar, antes de irse, el tema de los 12 magistrados vacantes en el estado, después de haber entrevistado y revisado los papeles de más de 400 aspirantes, hoy bajo el escrutinio del Ejecutivo estatal.
De ahí en fuera, tampoco se ha hecho mucho, salvo un reacomodo de bancadas para fortalecer cada vez más la mayoría.
Ya veremos cómo pintan las agendas del 2019 en lo local y en lo federal: para la oposición ya sabemos que vendrá una férrea defensa del federalismo.  Para las hoy bancadas institucionales esperemos no sean meses de sacar conejos de la chistera, por el bien de Veracruz y de México.
@YamiriRodriguez