Por Yamiri Rodríguez Madrid
El Instituto de Pensiones del Estado
(IPE), tiene sus orígenes por allá de 1944, siendo entonces gobernador de
Veracruz, Jorge Cerdán. Según
lo cuenta su propia historia este se crea para sustituir el “Seguro del Maestro”,
a
fin de asegurar el bienestar de los trabajadores al
servicio del magisterio.
Hoy, 72 años después, el IPE, supuestamente existe para acceder
a este como un auxilio de carácter inmediato para enfermedades y accidentes;
así como para poder mejorar su economía a través de préstamos o créditos para
la vivienda.
Sin embargo,
pareciera resulta ya obsoleto, al menos ese es el sentir de sus
derechohabientes, quienes aseguran hace más de una década que el IPE dejó de
ser la vía para poder, por ejemplo, adquirir una casa. Y si de solicitar un
crédito se trata, peor aún les resulta, pues las tasas de interés que maneja la
institución son mucho más elevadas que las que ofrecen cualquier banco de los
que opera en el país.
¿Vale entonces
la pena conservar a un instituto que ya está al borde la quiebra? Para el gobierno estatal el IPE se ha
convertido en uno de sus principales dolores de cabeza. Las reformas recientemente propuestas por el
Ejecutivo Estatal, encendieron los ánimos de los trabajadores del estado y de
los pensionados, por lo que ante lo candente del tema, no se vislumbra una
fecha para que el Congreso Local le dé luz verde a la polémica reforma.
En 2014 ya se
había reformado el marco legal del Sistema de Pensiones en el estado, al envió al Congreso local una iniciativa de Ley de
Pensiones, con un incremento de 5 años para la edad mínima jubilatoria y el
pago de aportaciones al IPE; pero además, incluyó cuestiones como que las
personas pensionadas, aportarían 12 por ciento de sus pensiones al Instituto
para mantenerlo funcionando, lo cual anteriormente no se consideraba.
Así, en el artículo 35 por ejemplo, se señala que “tienen
derecho a la jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicio e igual
tiempo de cotización al Instituto”, así como también “que haya cumplido 65 años
de edad”.
En cuanto a la pensión por vejez, tienen derecho aquellas
personas que con 65 años, tengan al menos 15 trabajando y cotizando al IPE,
proporcionándoles un porcentaje de su ingreso en activo que va de 50 a 100 por
ciento de su salario, de acuerdo con su antigüedad. Respecto de la pensión por causa de muerte, es
decir, para hijos e hijas o pareja del pensionado, se contempla que sólo
durante el primer año, a partir de la muerte, recibirán el ingreso neto, a
partir del segundo sufrirán descuentos de 10 por ciento, hasta llegar a 50 por
ciento y ahí permanecerá la aportación.
Y sobre las aportaciones de personal en activo, éstas pasaron
a 12 por ciento, mientras que las de los patrones llegaron a 20 por ciento, por
lo que los gobiernos municipales, la Universidad Veracruzana (UV) y el propio gobierno
del estado incrementaron sus pagos al IPE.
Peor aún es que a nadie parece
interesarle una verdadera reforma financiera para revertir sus números rojos;
aunque lo cierto es que a nivel mundial este tipo de instituciones se están
ahogando. ¿Lo seguimos manteniendo?
@YamiriRodríguez
