Yamiri Rodríguez Madrid
Primero, los habitantes de pueblos y
comunidades afrodescendientes fueron invisibles. No solo no tenían reconocimiento
constitucional, sino que sus problemas no eran atendidos; muchos pisoteaban su
identidad. Ahora, que ya hay avances, hay algunos que intentan tomarlos como
botín político.
El INEGI ubica a Veracruz como uno de los
estados con mayor población afrodescendiente (215.4 mil), solo antecedido por Guerrero
(303.9 mil) y Estado de México (296.3 mil) y seguido de Oaxaca (194.5 mil) y Ciudad
de México (186.9 mil personas). En estas cinco entidades se concentra el 46.5%
de la población total del país que se autoreconoce Afromexicana o
Afrodescendiente.
El
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), presentó hace unos
días una ficha técnica sobre la problemática de discriminación que enfrenta
este grupo poblacional, esto a propósito de que se celebró su Día Nacional. En
esta se expone que, por ejemplo, los derechos que más se han vulnerado a las
personas afrodescendientes son el trato digno (40.8% de los casos) y la
igualdad de oportunidades (28.6%), mientras que los ámbitos que han suscitado
más quejas son el laboral (32% de los casos), la vecinal (24%) y la prestación
de servicios al público (20%). El tono de piel fue causa del acto
discriminatorio en la mitad de los casos.
Pero lo que más llama la atención es que
al referirse a las políticas públicas enfocadas a los pueblos y comunidades
afrodescendientes, destaca el trabajo hecho en dos estados, que cuentan con
instituciones que buscan incluir a las y los afrodescendientes en la toma de
decisiones: La Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (SEPIA) en Oaxaca
y la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos (SAICA) en Guerrero, las
cuales se encargan –entre otras funciones– de elaborar investigaciones
relacionadas con las comunidades afrodescendientes, coordinarse con
dependencias, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil
para implementar programas o acciones en beneficio de estas comunidades, así como
proporcionarles asistencia legal dentro de su estado.
¿Y Veracruz? Brillamos por nuestra ausencia,
lo cual demuestra que es solo discurso, pero nada de acciones hacia los afromexicanos
o, lo que es lo mismo, mucho ruido y pocas nueces. El 31 de julio, en el cierre del periodo
ordinario de sesiones, el Congreso Local emitió la declaratoria que los
reconoce; una adición al Artículo 5 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz. Pero ¿y el resto de los actores
qué más están haciendo?
No se vale usarlos en espectaculares, en
medallones de camiones y posteos de redes sociales para fines personales,
cuando hay más de 215 mil veracruzanos afrodescendientes que tienen que ser
escuchados y atendidos y a los que no se les ha volteado a ver ni en esta
administración, ni en otras, para resolver sus necesidades. Todo lleva siempre raja política.
@YamiriRodriguez
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