Por Yamiri
Rodríguez Madrid
De todos es sabida la situación financiera
por la que atraviesa, desde hace varios años, la Universidad Veracruzana (UV),
por eso a nadie extrañó que el pasado lunes los trabajadores iniciaran un
plantón.
Desafortunadamente, y aunque no sirve ni
para consuelo, son varias las instituciones educativas públicas que se encuentran
en la misma situación, por lo menos 10.
Hace poco más de un mes, en la Cámara de
Diputados, legisladores de Morena, PAN, PT y PES, se pronunciaron por solicitar
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la liberación de recursos
en favor de universidades públicas de todo el país, especialmente para estas
que sufren de insolvencia financiera para pagar salarios y aguinaldos a
profesores y trabajadores, y que se les reconozca el aumento en la matrícula
estudiantil y se otorguen plazas a los docentes. Entre esas está la nuestra.
Cada año, son miles los jóvenes
veracruzanos que son rechazados por falta de espacios y, aunque se intentaron
abrir otras opciones, como la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), los
esfuerzos fueron infructíferos.
Lo cierto es que el problema financiero de
la UV lo viene arrastrando desde hace varios años y se ha ido agravando, aunque
no hay cuentas claras en torno al manejo de las mismas, por ejemplo: ¿cuánto
gana la rectora Sara Ladrón de Guevara?, ¿cuánto gasta la UV en el pago de seguros
médicos?, ¿en qué consisten los años sabáticos de los académicos?, ¿cuánto
gastan anualmente en gasolina? El tema no es exclusivo de la actual autoridad
de la UV, así ha sido durante décadas.
Si bien las universidades son autónomas,
conforme al artículo 127 de la Constitución, la austeridad republicana también
debe alcanzarlos pues, aunque están en crisis, pareciera que los jerarcas
universitarios viven en la bonanza.
Los diputados federales de Morena ya
destaparon la primera carta respecto a este tema: ya una ley reglamentaria de
que nadie puede ganar más que el Presidente; así también prevén que en el
presupuesto 2019 para las universidades públicas, este venga desglosado y
etiquetado para cada rubro a fin de que se evite el desvío de recursos y se
apliquen responsablemente los recursos.
Nadie puede negar que la gran mayoría de
las máximas casas de estudio en el país se han utilizado como un “botín
político”, sino pregúntenle a la Rectora de la UV quien nunca ocultó, desde
campaña, su cercanía con el gobernador Miguel Ángel Yunes, con quien su esposo
colaboró años atrás y ahora no quiere que los morenistas, como Eric Cisneros,
se acerquen a la institución hasta que no entre en funciones. Ni qué decir de
los “criterios” para otorgar base laboral a los trabajadores.
Según datos oficiales, de cada 100 jóvenes
en edad de estudiar una licenciatura sólo 37 lo pueden realizar; por eso urge
inyectar recursos a la educación superior, para que a nadie le cierren la
puerta por falta de espacios o de recursos y, en la misma vía, que se comience
a transparentar la aplicación de cada peso en las universidades.
@YamiriRodriguez
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