Yamiri Rodríguez Madrid
En 2014, Veracruz se convirtió en el
primer estado en el país en prohibir las peleas de gallos en su
territorio. Tres años después, un diputado
local propuso que se reactivaran por ser esta entidad la mayor criadora de
gallos de pelea en todo México, lo que llevó al veto del entonces Gobernador y
a que el 31 de octubre del 2018, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciara a favor de que la prohibición
se mantuviera.
Hoy las asociaciones de galleros vuelven a
hacer el intento, por lo que han sostenido una serie de reuniones con diputados
locales, siendo el petista, Ramón Díaz Ávila quien encabeza estos trabajos en
la actual Legislatura, con la iniciativa de reforma y adición al artículo 2, 3
y 28 en su fracción V de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada el pasado 18 de febrero.
Como en cada historia, hay una versión de
los hechos, sus propios argumentos; iniciemos con la de los de los galleros. En
primer término, que esta actividad da empleo a 500 mil familias en la entidad,
de las cuales 30 mil son criadoras. Segundo, la derrama económica que generan
las peleas, pues en encuentros interestatales, como la Copa Veracruz que se
celebraba en Alvarado, participantes foráneos, lo que significa ocupación
hotelera, gastos en alimentación, entre otras.
Tercero: están dispuestos a que se les
regularice y a pagar impuestos, lo que no sucedía en el pasado y lo que
significaría un ingreso para el Estado y los municipios. Cuarto, que la
actividad forma parte de una tradición cultural, pues desde el encuentro de dos
mundos éstas se realizan. Cinco
Entidades Federativas y 338 Municipios, más 117 en proceso de declaratoria,
reconocen al casteo de gallos como Patrimonio Cultural Inmaterial.
Pero no se puede perder de vista que ya, desde
el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), se presentó la
contraparte, cuyo objetivo es evitar la explotación de los animales en los
procesos de compra-venta, así como sanciones mucho más severas y amplía el
catálogo de delitos, en donde se incluyen en el Código Penal supuestos como la
solicitud de beneficios económicos o materiales a cambio de la devolución de
animales de compañía, equiparable al secuestro, actos de zoofilia, omisiones
severas equiparables al dolo y que resulten en perjuicio del animal, así como
las sanciones para quienes promuevan, otorguen permisos, críen o fomenten las
peleas de animales, e incrementar las penas punitivas en el caso de maltrato.
En fin, que hay otro tema polémico en
puerta.
@YamiriRodriguez
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