Yamiri Rodríguez Madrid
Un segundo
brote de violencia en el Penal de Tuxpan debería prender las alertas en el
sistema penitenciario veracruzano. Los penales
son sumamente complejos y mantenerlos en paz requiere habilidad y estrategia.
Hace apenas
unos días, un motín en esa cárcel del norte del estado dejó un saldo de 8
muertos y 11 heridos, varios de ellos extranjeros. La semana pasada, el
director del Penal de la Toma, en Amatlán de los Reyes, fue asesinado; y apenas
este domingo trascendió que la movilización policiaca en el penal de Tuxpan fue
porque supuestamente lanzaron tres granadas, aunque solo una explotó sin
generar daños.
En el Diagnóstico
Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), la calificación estatal fue de 6.31. En este se evaluaron las
condiciones en las que operan los ceresos de Chincontepec, Huayacocotla,
Jalacingo, Ozuluama, Pánuco, Poza Rica y Tantoyuca, aunque claro, no son las
únicas cárceles de Veracruz.
Pero veamos
esta muestra: La capacidad del penal de Chicontepec, es de 52 hombres, pero su
población es de 96. Huayacocotla opera en su máxima capacidad, con 51. La
población en Jalacingo debería ser de 134 reos, pero son 208 -14 de ellas,
mujeres-; en Pánuco, la capacidad es de 67, aunque tiene 131 internos; en
Tantoyuca debería ser de 145 y son 173; y en Poza Rica hay espacio para 256
personas, pero tienen 420. En contraste,
en Ozuluama, su capacidad es de 87 y su población es de 81.
También de esta
muestra, el cereso mejor evaluado fue el de Jalacingo, al que le otorgaron una calificación
de 7.10; en contraparte, Pánuco tuvo 6.02 por deficiencias en los servicios de
salud; hacinamiento; insuficiencia de vías para la remisión de quejas de
probables violaciones a los derechos humanos; sobrepoblación; deficientes
condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas
privadas de la libertad; inexistencia o deficientes condiciones materiales e
higiene de la cocina y/o comedores; insuficiencia o inexistencia de
instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro; además de deficiencias
en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, falta
de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y
disposiciones aplicables); su difusión y actualización y la insuficiencia de
personal de seguridad y custodia.
Desafortunadamente,
lo que sucede en Pánuco no es exclusivo de ese penal, ni tampoco es una
situación reciente. Mención aparte merece el CEFERESO 5 Oriente, ubicado en
Villa Aldama y que está bien evaluado en el país, con una calificación de 8.15.
Su capacidad es de 3,078 hombres y solo tiene una población de 1,630. Lo que
llama la atención es que ha destacado, entre múltiples puntos, por la capacitación
del personal penitenciario, la inexistencia de actividades ilícitas o cobros por
extorsión y/o sobornos, además de la atención a personas con discapacidad, de
la comunidad LGBTTTI, a personas que viven con VIH/SIDA y sus programas para la
prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
Los males están
detectados; los diagnósticos son públicos; aplicar la medicina es lo complejo,
pero alguien finalmente tendrá que hacerlo.
@YamiriRodriguez
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