Yamiri Rodríguez Madrid
En la víspera
de comparecer ante la Legislatura como parte de la Glosa de su Primer Informe
de Gobierno, la gobernadora Rocío Nahle García recibió un informe pormenorizado
sobre el revuelo que ha causado la reforma constitucional que, una vez que se
apruebe por la mayoría de los cabildos del Estado, le permitirá remover a la
fiscal en turno y nombrar a quien estará frente a la Fiscalía General del
Estado (FGE). En dicho reporte, nos cuentan, se detalla también el origen del
golpeteo desmesurado que ha recibido la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez, a
quien algunas plumas mencionan insistentemente como relevo inminente de
Verónica Hernández Giadáns. Ahí se explica el origen de los periodicazos: el
Cártel Inmobiliario de Veracruz.
Todo cobra
sentido en el momento en que se reporta pormenorizadamente cada una de las
obras realizadas en el sexenio anterior y sobre las que pesan señalamientos de
un presunto daño patrimonial y en las que existe un común denominador, el
apellido García y también el Cayetano.
Resulta que,
siendo gobernador Cuitláhuac García, y secretario de Infraestructura y Obras
Pública, Elio Hernández, la entonces esposa del titular de SIOP, la magistrada
Aileth García Cayetano y su hermana Dorheny secretaria del Trabajo (actualmente
diputada local por Morena) se consolidó un presunto entramado de complicidades
para favorecer a diversas empresas constructoras. Por citar alguna, aparece
RAWEN INGENIERÍA SA de CV, de la familia Mancilla -íntimamente ligada a las
hermanas García Cayetano-, encargada de diversas obras en dependencias como
SIOP, el Instituto de Espacios Educativos y hasta la Secretaría de Salud.
De hecho, en
Xalapa, a través de otras empresas, como MACON y Geoperforadora del Golfo,
resultaron “ganadores” de las licitaciones y, por ende, ejecutores de los
criticados puentes de la avenida Lázaro Cárdenas, el de Las Trancas y el
Heberto Castillo, sobre los cuales la ciudadanía no termina de comprender su
función. También tuvieron a su cargo la construcción de la primera etapa de la
Ciudad Judicial de Poza Rica.
El asunto es
muy sencillo: sus allegados narran que no existe temor, sino pavor, de que
Jiménez Aguirre llegue a la Fiscalía General del Estado, pues en automático desaparecería
el manto de impunidad con la que el llamado cártel inmobiliario, que en
realidad pareciera más un negocio familiar, operó en los últimos años. Por
ello, desde el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, las hermanas estarían quemando sus últimas naves
para impedir que la Gobernadora designe a Lisbeth Aurelia Jiménez al frente de
la FGE. El golpeteo, una vez más, es solo interno.
@YamiriRodríguez
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