Yamiri Rodríguez Madrid
Corría el año 2007. El 27 de febrero Ernestina Ascencio Rosario,
una mujer indígena de 73 años de Soledad Atzompa, que fue ultrajada
y asesinada por elementos del Ejército que habían montado un campamento muy
cerca de ahí. Al trascender el hecho, las autoridades en el sexenio del priista
Fidel Herrera Beltrán y del panista Felipe Calderón Hinojosa, afirmaron que
murió a consecuencia de una gastritis. Una burla para su memoria, para su
familia y para la inteligencia de la gente.
Sus hijas no cesaron en la lucha por la
justicia y, después de más de 14 años, finalmente hace unos días, María Rosario
Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
en un hecho histórico emitió nuevas recomendaciones para la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA), la hoy Fiscalía General del Estado (FGE) y la
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, además de que sugirió reabrir la
investigación. Todo esto porque reconoció hubo muchos vicios en el proceso y en
el actuar de funcionarios involucrados, incluida la propia CDNH.
Entre dichas recomendaciones emitidas está
la inscripción de las víctimas
indirectas en el Registro Estatal de Víctimas así como al Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral del estado de Veracruz y el establecer un
memorial en la comunidad de Tetlatzinga, de donde era originaria la señora Ernestina,
como medida de satisfacción que contribuya al reconocimiento de la dignidad y la
reivindicación a los derechos humanos de la víctima, y realizar una disculpa
pública en favor de esta, a sus hijos y a su comunidad.
Pero lo más importante que sugiere el
organismo es que se inicien las investigaciones en contra del personal del
Hospital Río Blanco, de la Secretaría de Salud en la entidad, por el
ocultamiento e indebida valoración que se le dio a las pruebas que daban cuenta
de los hechos delictivos ocurridos en perjuicio de la víctima. Veremos,
primero, si las recomendaciones se acatan y, segundo, a cuántos de los
involucrados después de 14 años aún se pueden investigar, si es que no han
puesto pies en polvorosa.
Desafortunadamente, el caso de Ernestina Ascencio
no es el único en el que los derechos de los indígenas son pisoteados y nunca,
nunca, nunca, se puede ni siquiera reparar el daño. Para ellos no existe la
justicia pronta y expedita. Es histórica que la alcancen, aun después de 14
años.
@YamiriRodriguez
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