Yamiri Rodríguez Madrid
2,372 millones 867 mil 596 pesos es el daño patrimonial detectado en la
Cuenta Pública 2024, la del último año de administración del morenista Cuitláhuac
García Jiménez. No es un número abstracto ni una disputa contable entre
oficinas; es dinero que faltó en servicios, obras y programas que la gente deja
de ver en la calle.
La auditora Delia González Cobos entregó al Congreso los Informes
Individuales y el Informe General Ejecutivo del ORFIS. La Comisión Permanente
de Vigilancia, presidida por el diputado Miguel Guillermo Pintos, los analizará
y deberá someter un dictamen al Pleno a más tardar el 31 de octubre. A partir
de ahí, vienen las etapas que marca la ley: aclaraciones, recuperaciones y, si
procede, sanciones. Es decir, ya no hay pretextos: empieza la hora de las
responsabilidades.
¿De qué tamaño es el boquete? El ORFIS practicó 1,396 auditorías a 310
entes fiscalizables. El hallazgo es contundente: 830.9 millones con
irregularidades en 41 entes estatales; 1,537.6 millones en 174 municipios y 4.4
millones en 8 entes paramunicipales.
El golpe más fuerte está en los gobiernos municipales. Y eso importa
porque ahí se decide si hay luminarias, agua, bacheo, patrullas, medicinas en
el centro de salud o becas que llegan a tiempo. Cuando el daño patrimonial se
acumula en el ámbito local, las primeras en resentirlo son las colonias y
comunidades.
Si el recurso se desvió, no hubo mantenimiento ni reposición a tiempo.
La factura la paga el vecino que camina a oscuras o el comerciante que pierde
ventas por falta de agua; proyectos que se retrasaron, contratos que se
reponen, costos que suben. Cada mes que se pospone una obra es un mes de
inflación que encarece todo.
Hay avances que vale la pena reconocer: la coordinación Congreso–ORFIS,
las modificaciones legales recientes y el Buzón Fiscalizador para
notificaciones y seguimiento digital. También, que los informes sean públicos y
permanezcan en línea en formatos abiertos. Son buenas señales. Pero la
transparencia sin consecuencias se convierte en vitrina: se ve, se comenta y se
olvida.
El reto es pasar del hallazgo a la recuperación del recurso y, cuando
aplique, a la sanción. Y hacerlo en un calendario nítido, con trazabilidad: qué
ente, cuánto, en qué etapa está y cuál es la acción correctiva. La ciudadanía
no necesita tecnicismos; necesita certezas pues es la historia de cada cambio
de administración: hay quienes le meten la mano al cajón y salen impunes. A ver
qué resuelve el legislativo.
@YamiriRodriguez
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