Yamiri Rodríguez Madrid
Pese al escándalo internacional que vive el líder de la iglesia La Luz
del Mundo y otras cinco personas, al estar recluidas en Estados Unidos por
crimen organizado y explotación infantil, del 24 al 26 de octubre feligreses se
reunieron en el estadio Beto Ávila para un evento masivo con asistentes de
Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
La fecha y el lugar no son un detalle menor. Primero, por la crisis
social que se vive por las inundaciones en la zona norte del estado. Segundo, que
se arriende a una organización bajo fuertes cuestionamientos internacionales
manda un mensaje político y ético difícil de justificar.
Trascendió, además, que desde palacio le habrían recomendado a los responsables del estadio, a Bernardo Pasquel, no realizar el evento religioso por las implicaciones legales y reputacionales de sus pastores. Si, pese a ello, se permitió porque había tres millones de pesos de por medio” como se comenta en pasillos, el problema es mayor, pues no les importó que vinculen al gobierno con los líderes criminales.
El estadio Beto Ávila no es un salón privado: pertenece a las y los
veracruzanos. Arrendarlo a un grupo cuyos altos mandos cargan con acusaciones
de explotación sexual infantil compromete la reputación institucional y expone a
cómplices silencios. Y lo hace, para colmo, en plena emergencia humanitaria.
Quedan preguntas elementales: quién firmó la autorización, con qué
fundamento y bajo qué condiciones; cuál fue el monto, la fianza, las pólizas y
las cláusulas de cancelación por riesgo reputacional; si hubo dictamen de
riesgos jurídicos y de seguridad; qué alternativas se propusieron si la
instrucción política fue “no lo hagan”; y, si ya se cobró, a qué se destinará
exactamente ese ingreso.
Se dirá que el estadio necesita recursos. De acuerdo. Pero “necesitamos
dinero” no es licencia para todo. El golpe debe recaer en la administración del
estadio por falta de criterio, por no prever el costo ético y por no honrar el
estándar que exige el uso de bienes públicos. Renta sí, pero con filtros:
listas de exclusión, verificación de antecedentes de dirigentes y cláusulas de
moralidad que permitan cancelar sin costo cuando haya elementos objetivos que
comprometan.
No se trata de fe: se
trata de decencia pública. Y esa, a diferencia de un estadio, no se alquila.
@YamiriRodriguez
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