Yamiri Rodríguez Madrid
El caso de Diego, un hombre
indígena ñuhú de la Sierra Norte de Veracruz, desnuda con crudeza el sistema de
justicia que aún en 2025 parece negarse a garantizar derechos elementales para
los pueblos originarios. La Fiscalía General del Estado de Veracruz pretende
cerrar anticipadamente la investigación por tortura que Diego denunció hace
casi dos años, pese a que existen pruebas sólidas, peritajes oficiales y
testimonios ratificados que acreditan los hechos.
En mayo de 2023, Diego fue
llevado a declarar como testigo de un homicidio. Pero antes de ser escuchado, presuntamente
fue torturado por policías ministeriales. Golpes, amenazas y presión para que
incriminara a alguien —a quien nunca reconoció como culpable— forman parte del
expediente. La declaración fue tomada en español, a pesar de que Diego habla
ñuhú-
El caso, acompañado por el
Centro Prodh y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz,
fue denunciado formalmente en junio de ese año. La carpeta de investigación
XAL/FIM/FEIDT/219/2023 durmió el sueño de la impunidad por meses, hasta que un
amparo judicial obligó a la Fiscalía a moverse. Ahora, sin agotar diligencias
fundamentales, la autoridad pretende archivar el caso como si nada hubiese
pasado.
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) ha sido insistente en pedir a la Fiscalía que atienda
de manera seria y completa sus recomendaciones, pero ha encontrado oídos
sordos.
Un reciente ejemplo de esto se
dio el pasado 17 de abril. La CNDH emitió
la Recomendación 46/2025 a la Fiscalía de Veracruz por rechazar la similar
004/2024, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHV), derivada
de la acreditación de irregularidades en la investigación de una persona
desaparecida el 13 de junio de 2014. El 12 de mayo de 2021, la persona
recurrente había presentado ante la CEDHV escrito de queja por las omisiones y
dilaciones de la FGE en la investigación. Al respecto, la CEDHV emitió la
Recomendación 004/2024, la cual no aceptó la FGE señalando que los argumentos
de esta resolución se encuentran alejados de los principios de la lógica, la
experiencia, la legalidad y buena fe. Ante ello, la persona quejosa presentó
Recurso de Impugnación ante la CNDH. Pero como esta hay toda una serie de
recomendaciones que se niega a aceptar.
El caso de Diego tampoco es un
hecho aislado. De acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura
(RENADET), Veracruz es el segundo estado con más investigaciones por tortura y
el primero en número de víctimas. Entre 2019 y 2024, se contabilizan 2,441
investigaciones y más de 4,000 víctimas. La Policía Ministerial encabeza la
lista de autoridades señaladas.
Si la Fiscalía cierra esta
carpeta sin agotar pruebas ni brindar una investigación con enfoque
intercultural, no solo estará ignorando a Diego: estará enviando un mensaje
peligroso de que la tortura sigue siendo tolerada y encubierta por las propias
instituciones que deberían erradicarla.
Y eso, en cualquier
democracia, es inaceptable. A la Fiscalía veracruzana le gusta vivir en el ojo
del huracán.
@YamiriRodriguez
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