Por Yamiri Rodríguez Madrid
No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue y este miércoles los diputados locales autorizaron la reestructuración de la deuda pública veracruzana, con la cual se pretende pagar el 90 por ciento del total que se debe desde hace ya varios años.
Los argumentos financieros fueron muchos: que hasta ayer casi el 75% de las participaciones federales del estado estaban comprometidas para el pago de deuda pública y, que de estas, el 46 por ciento eran para el pago de la deuda bancaria. El poquito que sobraba era para pagar obligaciones bursátiles y otros rubros.
¿Y con la reestructuración? Según los diputados a partir de ahora se pagará sólo 18% las participaciones, en lugar de 46%, con lo que se dispondrá aproximadamente de 6 mil 122 millones de pesos anuales; es decir que con el cambio de garantías, formas de pago y también de tasas y plazos se podrá hacer un mejor uso del recurso, sin necesidad de más de deuda.
Ante el señalamiento de algunos economistas de que las garantías oportunas de pago GPO´s son líneas adicionales de crédito, el argumento dado fue que son el equivalente a un seguro que solicitan los acreedores.
En tanto que el utilizar los ingresos del Impuesto sobre Nómina para pago de deuda no afectará, aseguran, el efecto positivo en el monto de participaciones federales a recibir en el Estado, como resultado de haber incrementado el esfuerzo recaudatorio local.
Así, el dictamen aprobado por el Congreso Local para reestructurar la deuda señala que a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se realiza la contratación de financiamiento por la cantidad de hasta 5 mil millones de pesos, sin incluir intereses, el cual tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos hasta el 25%, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEV), así como aquellos fondos que en futuro lo sustituyan o complementen y es para amortizar anticipadamente la deuda pública.
Adicionalmente, y con la finalidad, dicen, de fortalecer la estructura y de garantizar a los acreedores del Estado el pago del financiamiento se autorizó contratar garantía de pago oportuno u operación similar, por un monto equivalente hasta el 15% del monto total del financiamiento, la cual será constitutiva de deuda pública.
Pero además, se le permitió la contratación de financiamiento por la cantidad de hasta un mil setecientos millones de pesos, sin incluir intereses, el cual tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos hasta el 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que corresponde al Estado (FAIS/FISE), para inversiones públicas productivas en materia de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema o localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.
Y otros 15 mil millones de pesos, por 20 años, como fuente de pago los ingresos provenientes del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).
Y conforme se vaya liquidando el saldo de la deuda pública actual que se refinancie con cargo al monto autorizado se autoriza al Ejecutivo del Estado, la contratación de endeudamiento por un plazo de hasta 25 años.
Por eso en cualquier financiamiento, sea el personal o estatal, siempre es importante leer las letras chiquitas.
@YamiriRodriguez
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