Yamiri Rodríguez Madrid
Este lunes la Fiscalía General
del Estado (FGE) reportó la vinculación a proceso de la expresidenta municipal
de Aquila, Jobita “N”, como probable responsable de los delitos de uso de
documento falso y ejercicio indebido del servicio público, en agravio de la fe
pública y del servicio público, dentro del proceso penal 829/2024 pues cuando presuntamente
intentó solventar las irregularidades financieras de las Cuentas Públicas de
2019 y 2020, se presentó documentación apócrifa. Por cierto, que el presunto
daño patrimonial, conforme a la carpeta de investigación GE/FECCEV/197/2022 no
es cuantificable.
Pero el caso de la exalcaldesa
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no es el único. Hay un cúmulo de
exediles y actuales munícipes cuyas observaciones son precisamente por tener
documentación apócrifa.
Para muchos, la vinculación a
proceso de la exalcaldesa de Aquila es menor, dado que es un ayuntamiento indígena,
como alto nivel de marginación que no llega a los 2 mil habitantes; por ende,
el presupuesto que le tocó ejercer es de risa. Sin embargo, hay otros con mucho
más dinero que podrían correr la misma suerte.
En el Informe de Seguimiento
correspondiente a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y
acciones derivadas de la fiscalización superior de las cuentas públicas
2017-2022, presentado el pasado mes de marzo, destaca la falta de entrega de
documentación en diversas situaciones administrativas, lo que afecta el
seguimiento adecuado de los procedimientos. En particular, algunos órganos de
control interno de las administraciones actuales reportaron que no recibieron
expedientes de las anteriores, lo que ha obligado a reiniciar investigaciones
ya concluidas.
Además, se señala que los errores
en la documentación, como la asignación incorrecta de expedientes y la omisión
de datos importantes, han afectado la continuidad de los procesos. Esto refleja
una falta de control adecuado en la gestión de documentos, lo que incluye el
uso de documentación apócrifa o la omisión deliberada de la misma.
Después de lo de Aquila, habrá
que ver qué pasa por ejemplo con Jamapa, que tiene el número de carpeta de
investigación FGE/FIM/F4/069/2023, radicada en la Fiscalía de Investigaciones
Ministeriales; con Zongolica, con dos denuncias penales abiertas. En el paquete de denuncias donde estaba la de
Aquila están también las de Cazones de Herrera, Huayacocotla, Cazones de
Herrera, Tepetzintla, Colipa, Cosamaloapan, Tres Valles, Zacualpan, Ilamatlán,
Tequila, Platón Sánchez, Rafael Lucio, Mecatlán, Naranjos-Amatlán, Texistepec,
Alvarado, Ángel R. Cabada, Yecuatla, Tecolutla, Castillo de Teayo, Chalma,
Ixhuatlán del Sureste, Altotonga, Texistepec, Tlaquilpa, Tancoco, Sayula,
Oteapan, Jesús Carranza, Tempoal, Ixhuatlán de Madero, Pajapan, Chinameca,
Pánuco, Alto Lucero, Tihuatlán, La Perla, Playa Vicente, Citlaltépetl, Coatzintla,
Ixcatepec, Tezonapa, Amatlán de los
Reyes, Tierra Blanca, Papantla, Isla, Nautla, Zozocolco, Pueblo Viejo,
Tepatlaxco, Zaragoza, Misantla, Manlio Fabio Altamirano, Emiliano Zapata,
Naolinco, Lerdo, San Andrés Tuxtlas, Xalapa con la denuncia FGE/FECCEV/554/2020
y Veracruz Puerto con el número FGE/FECCEV/023/2021.
¿Será que a estos exalcaldes les
caiga también la voladora?
@YamiriRodriguez
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