Por Yamiri Rodríguez Madrid
Sin duda, un
tema obligatorio en las agendas de los gobiernos municipales, estatales y
federal es la transparencia. Si bien Veracruz ya cuenta con una ley en la
materia desde hace varios años, esta semana el Congreso Local dio entrada a una
nueva propuesta, mediante la cual los ciudadanos podrán acceder a la
información pública, así como sanciones para los sujetos obligados que
incumplan con esta atribución.
De aprobarse la iniciativa enviada por el Ejecutivo, toda persona tendrá el derecho de obtener información, así como
consultar documentos y a obtener copia o reproducciones gráficas o electrónicas,
simples o certificadas, sin necesidad de acreditar el por qué se requiere dicha
información.
Pero además,
conforme lo requiere la armonización con la Ley Federal, el acceso a la
información pública será gratuito y sólo podrá requerirse el cobro
correspondiente a la modalidad de la entrega de reproducción y entrega
solicitada.
En tanto que los
sujetos obligados procurarán reducir los costos por reproducción poniendo la
información a disposición de los particulares por medios electrónicos o
electromagnéticos.
Llama la
atención que la propuesta de nuevo ordenamiento señala que os sujetos obligados
deberán instaurar las Unidades de Transparencia y vigilar el correcto funcionamiento
de estas de acuerdo a su normatividad interna; brindarles capacitación
continua; publicar, actualizar y mantener disponible la información; proteger y
resguardar la información clasificada como reservada y confidencial, entre
otros. El problema es que la gran
mayoría de los municipios no cuentan con las Unidades de Transparencia y si
usted consulta los apartados en los portales web de cualquier dependencia o
ayuntamiento, son tan complicados que terminan por vencer a los usuarios.
De ahí que ahora
se estipula que cuando la información se difunda en internet, los sujetos
obligados deberán utilizar un lenguaje claro que facilite su comprensión por
los usuarios y basados en las directrices de gobierno abierto. Además, las
páginas deberán contar con buscadores temáticos y disponer de un respaldo con
todos los registros electrónicos para cualquier persona que los solicite.
¿Y los dientes
de la nueva Ley? Para quien desacate las resoluciones, el Pleno del Instituto
aplicará una amonestación pública o una multa de 150 hasta mil 500 veces el
salario mínimo.
La revisión que
hacen ya las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Transparencia y Acceso a la Información, incluye
disposiciones generales; obligaciones de transparencia; cultura de transparencia
y apertura gubernamental, información clasificada; un órgano responsable del
acceso a la información y mecanismos de operación, así como procedimientos de acceso a la información
pública; medios de impugnación; resoluciones y responsabilidades y sanciones.
Es cuestión de
días para que la nueva ley vea la luz.
@YamiriRodriguez
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