Por Yamiri Rodríguez Madrid
A menos de dos semanas del cambio de administraciones municipales, las nuevas autoridades tendrán una bomba de tiempo en las manos: los laudos heredados.
Y es que este es uno de los mayores problemas a los que se habrán de enfrentar, pues además de la toma de instalaciones, se avecinan boquetes a las arcas municipales pues para pagar añejos conflictos laborales, será necesario endeudarse vía préstamo ante el Congreso Local.
Datos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje arrojan que por lo menos 10 de los 212 ayuntamientos se verán en esta situación. En total, son casi 100, que de manera global, adeudan 500 millones de pesos en casi mil 300 juicios que datan desde 2006 y que alegan el pago de salarios y la reinstalación en el puesto.
Ahí están los casos de Puente Nacional, Veracruz, Xalapa, Alvarado, Banderilla, Tatahuicapan, Tlapacoyan y Tlacojalpan, por mencionar sólo algunos. En el caso xalapeño se trata de por lo menos 20 juicios, de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) que serán heredados, en tanto que en el ayuntamiento de Tlapacoyan
Por lo anterior, el magistrado Presidente, Andrés Salomón Rodríguez, insiste en que se modifique la Ley del Servicio Civil de Carrera, a fin de que los ayuntamientos destinen una partida especial para pagar los laudos y con ello evitar que la deuda siga creciendo, por lo que en 3 meses el conflicto quedaría resuelto sin mayor repercusión para la autoridad.
La magistrada Irma Medel Barragán incluso propone que de las participaciones federales del 2014 se puedan finiquitar estos laudos a fin de que se ponga un alto al endeudamiento.
Si bien, dicha iniciativa fue presentada en la Sexagésima Segunda Legislatura Local, por el entonces diputado Américo Zúñiga Martínez, esta no vio la luz y, la deuda de los ayuntamientos por este rubro, sigue creciendo.
Peor aún es que si algún munícipe al que le fue heredado un laudo quiere finiquitarlo a objeto de que esta no siga creciendo, es sancionado severamente por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), pues el pago únicamente se debe efectuar si existe un ordenamiento judicial.
Le pongo un ejemplo muy sencillo: si un ayuntamiento debe por despido injustificado 30 mil pesos a una persona, y tarda 3 o 4 años en resolverlo, el monto se disparará hasta casi 1 millón de pesos, por concepto de salarios caídos mientras dure el proceso. Si se hace conforme a la propuesta, el gasto sería prácticamente el mismo.
Pero además, en la iniciativa se incluía –aunque el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no embarga-, que ciertos bienes municipales no fueran confiscables, como lo son las ambulancias o las patrullas, por estar destinadas a necesidades básicas de la ciudadanía.
En la actual Legislatura no hay visos de que este tema vaya a ser retomado, no por lo menos en estos días, aunque bien valdrá la pena esperar a que en unas semanas más comiencen a reventar los laudos en los ayuntamientos para entonces si poder darse cuenta de temas prioritarios para el estado…
@YamiriRodríguez
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